La llegada de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha generado un torbellino de reacciones y preocupaciones, especialmente entre las víctimas del paramilitarismo en Colombia. A mediados de marzo, la JEP admitió completamente el caso de Mancuso, un movimiento que ha suscitado tanto esperanza como incertidumbre. La Procuraduría General ha expresado su posición, señalando que aún hay aspectos que deben aclararse, especialmente en lo que respecta al respeto y la reparación a las víctimas del sistema de Justicia y Paz, establecido a inicios de los años 2000.
La Procuraduría ha subrayado su preocupación por el sometimiento completo de Mancuso en la JEP, lo cual incluye decisiones críticas como su libertad en Colombia. Esta situación ha generado inquietudes, particularmente porque parece que la JEP no consideró una sentencia previa de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que ordenaba reparaciones económicas a 137 víctimas. Este detalle no fue mencionado en el documento oficial de la JEP que aceptó a Mancuso, lo que ha intensificado la incertidumbre entre las víctimas.
El procurador delegado Jairo Ignacio Acosta Aristizábal ha clarificado que, según la JEP, las víctimas con derechos adquiridos de reparación en Justicia y Paz, basados en decisiones firmes, tienen garantizado que Mancuso cumpla con las obligaciones indemnizatorias impuestas. Sin embargo, la figura bajo la cual Mancuso ha sido aceptado en la JEP es excepcionalmente particular. Se le reconoce como un compareciente forzado a declarar, actuando como una “bisagra” o punto de conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado. Esta figura de compareciente es inédita en la JEP, ya que desde su inicio se afirmó que ningún paramilitar sería parte de este sistema de justicia.
La situación legal de Mancuso ha sido compleja y cambiante. Después de su llegada al país el 17 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá decidió no acatar el poder preferente de la JEP y lo dejó en libertad para que cumpla funciones de gestor de paz, asignadas por el Gobierno de Gustavo Petro. Esta decisión contrasta con la del Tribunal Superior de Barranquilla, que días antes había decidido lo contrario. Ahora, se espera que la Corte Constitucional defina la libertad de Mancuso, sumando otro capítulo a este complejo proceso.
Este caso pone de relieve los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de la paz y la reconciliación, especialmente en lo que respecta a la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado. La inclusión de Mancuso en la JEP, su potencial libertad y el papel que desempeñará en el proceso de paz son temas de gran sensibilidad y controversia. La sociedad colombiana, las instituciones judiciales y el gobierno deben navegar cuidadosamente estas aguas turbulentas, asegurando que se respeten los derechos de las víctimas y se avance hacia una paz duradera. La resolución de estos temas no solo definirá el futuro de Mancuso sino también el de muchas víctimas que buscan justicia y reparación por los horrores que han sufrido.
