Nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia enfrenta desafíos cruciales. La violencia persiste en los territorios. Además, la apertura política prometida encuentra obstáculos significativos. Las elecciones de 2026 representan una prueba definitiva para la implementación del pacto.
El presidente Gustavo Petro reconoció las dificultades del proceso. “Hemos viajado ya nueve años desde la firma del Acuerdo”, afirmó. Posteriormente, recordó el plebiscito que golpeó inicialmente el pacto. También mencionó al gobierno que prometió “hacer trizas la paz”. “No es una sociedad unida alrededor de la construcción de la paz”, concluyó.
Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, expresó preocupación por el futuro. Las expectativas crecen ante las próximas elecciones presidenciales. “Urge realizar la arquitectura institucional de alto nivel”, declaró. Esta infraestructura debe coordinar cada punto del acuerdo. Sin embargo, el tiempo apremia para consolidar bases sólidas.
El encuentro conmemorativo reunió a actores clave del proceso. La directora del Dapre, Angie Rodríguez, participó en el evento. Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, también asistió. Expertos y líderes territoriales se congregaron en el Museo Nacional. El objetivo era revisar avances y retos pendientes.
La desigualdad emerge como obstáculo fundamental para la paz. “¿Cómo un país con tan grandes desigualdades puede ser pacífico?”, cuestionó Petro. Los países más desiguales del mundo no son pacíficos. Por tanto, existe articulación entre desigualdad y violencia. La distribución de la tierra refleja esta inequidad estructural.
El mandatario solicitó veeduría internacional para la reforma agraria. También pidió supervisión de la jurisdicción agraria especializada. La Misión de la ONU debe acompañar estos procesos estratégicos. Esta petición busca blindar transformaciones fundamentales del territorio.
Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación, presentó un balance. El documento recoge los avances de nueve años de implementación. Incluye las acciones realizadas durante la administración actual. Este registro evidencia progresos y señala vacíos persistentes.
Jenča reiteró el compromiso de la comunidad internacional. “La Misión sigue firme con la implementación del Acuerdo”, aseguró. La construcción de paz estable y duradera requiere respaldo sostenido. Después de nueve años, la reconciliación sigue siendo posible. No obstante, el proceso enfrenta rezagos estructurales importantes.
El Partido Comunes afronta un desafío electoral sin precedentes. Por primera vez competirá sin garantías excepcionales en el Congreso. En julio, el Gobierno eliminó las diez curules transitorias. Comunes las ocupaba desde 2018 como parte del acuerdo. Ahora debe medirse con las reglas del sistema tradicional.
Pastor Alape, firmante de paz y delegado del CSIVI, reconoció la dificultad. “Estamos saliendo a buscar el voto ciudadano”, explicó. El partido busca alianzas y debate su permanencia política. “La prueba más dura es ver si movemos el corazón del país”, añadió. La confianza ciudadana en los representantes es fundamental.
La eliminación de las curules transitorias revela un vacío estructural. El Estado no cumplió con la reforma política prometida. Tampoco garantizó condiciones de igualdad para la participación. Esta transición ocurre sin los respaldos institucionales necesarios.
La seguridad de los firmantes genera alarma internacional. La Misión de la ONU advierte trimestralmente sobre asesinatos de excombatientes. Raúl Rosende, jefe adjunto de la Misión, abordó esta preocupación. “Todo proceso de paz tiene marchas y contramarchas”, señaló. Sin embargo, la estigmatización persiste en los territorios.
“La expresión más horrífica es el asesinato de firmantes”, agregó Rosende. Esta violencia representa una de las principales debilidades del proceso. A pesar de ello, existen avances concretos en implementación. La paz debe fortalecer la democracia, no debilitarla.
Alejandra Miller, directora de la ARN, vinculó violencia y democracia. “La violencia y la guerra distorsionan la democracia”, afirmó. El Acuerdo de Paz representó un paso enorme. Pero la implementación precaria permitió que factores de guerra reaparecieran. Los territorios excluidos y estigmatizados sufren estas consecuencias.
Las curules de paz enfrentan múltiples obstáculos para su consolidación. Estos espacios fueron creados para representación de víctimas. Corresponden a las zonas más golpeadas por el conflicto. Actualmente enfrentan inseguridad territorial y trabas burocráticas. También sufren ausencia de reglas claras y cooptación política.
Gerson Arias, de la Fundación Acordemos, destacó riesgos compartidos. Líderes y lideresas coinciden en amenazas de seguridad. Los liderazgos independientes enfrentan intentos de cooptación partidista. Además, existe desinformación y desinterés comunitario por implementación débil. La pedagogía y el acompañamiento institucional son insuficientes.
Diógenes Quintero representa las curules de paz por el Catatumbo. Durante el panel anunció que no volverá a presentarse. La falta de garantías de seguridad motiva su decisión. Esta situación ilustra los riesgos que enfrentan representantes territoriales.
Sin embargo, Quintero también compartió un avance significativo. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial se extenderán. Inicialmente finalizarían en 2027, pero continuarán hasta 2037. “A través de un proyecto nuestro aprobamos esta extensión”, explicó. Esta decisión beneficia a las regiones más apartadas.
Los PDET representan herramientas fundamentales para la transformación territorial. Estas iniciativas buscan cerrar brechas históricas de desigualdad. Operan en las zonas más afectadas por el conflicto. Su extensión garantiza continuidad en procesos de desarrollo regional.
Petro identificó tres ejes problemáticos en la implementación del acuerdo. Primero, la transformación territorial avanza con dificultades. Segundo, la entrega de tierra enfrenta obstáculos burocráticos. Tercero, la verdad permanece fragmentada en múltiples narrativas. Estos rezagos comprometen la consolidación de la paz.
La transformación territorial requiere presencia estatal efectiva en las regiones. Muchas zonas siguen sin servicios básicos ni institucionalidad funcional. Consecuentemente, grupos armados ilegales llenan estos vacíos de poder. La ausencia del Estado perpetúa dinámicas de violencia.
La entrega de tierra enfrenta resistencias políticas y económicas. Este punto del acuerdo toca intereses poderosos históricamente consolidados. Por ello, la redistribución avanza lentamente en los territorios. Mientras tanto, las comunidades campesinas esperan cumplimiento de promesas.
La verdad fragmentada impide reconciliación nacional completa. Diferentes sectores mantienen narrativas contradictorias sobre el conflicto. Esta fragmentación dificulta la construcción de memoria colectiva. Además, obstaculiza el reconocimiento de responsabilidades y víctimas.
El sesgo de género persiste en las curules de paz. Las mujeres enfrentan barreras adicionales para participación política efectiva. Machismo y violencia de género limitan sus liderazgos territoriales. Estas dificultades contradicen los compromisos de enfoque de género.
La comunidad internacional mantiene su compromiso con el proceso colombiano. Jenča enfatizó que la Misión continuará verificando la implementación. Este respaldo internacional resulta crucial ante incertidumbre electoral. También protege el acuerdo de posibles retrocesos políticos.
Las elecciones de 2026 definirán el futuro del Acuerdo. Un gobierno adverso podría truncar avances logrados en nueve años. Por eso, resulta urgente consolidar la arquitectura institucional necesaria. Las bases deben ser lo suficientemente sólidas para resistir.
Londoño alertó sobre la importancia de los próximos meses. Las decisiones políticas tomadas ahora tendrán consecuencias duraderas. La coordinación integral de cada punto del acuerdo es esencial. Sin esta coordinación, la implementación seguirá siendo fragmentaria.
Los territorios más afectados por la guerra formulan preguntas urgentes. ¿Cómo alcanzar una paz estable y duradera realmente? ¿Cuándo llegará el Estado con servicios y oportunidades? ¿Cuándo cesarán los asesinatos de líderes sociales y excombatientes?
Alape expresó la determinación del partido por mantenerse vigente. “Estamos buscando las alianzas propias”, declaró ante el auditorio. El debate interno sobre supervivencia política es intenso. La capacidad de conectar con el electorado será determinante.
La pedagogía sobre el acuerdo sigue siendo insuficiente en el país. Muchos ciudadanos desconocen los contenidos y alcances del pacto. Esta desinformación facilita la estigmatización de firmantes y procesos. También debilita el apoyo ciudadano necesario para la implementación.
Las organizaciones sociales reclaman mayor acompañamiento institucional en los territorios. Los liderazgos comunitarios enfrentan amenazas sin protección adecuada. Mientras tanto, el Estado no garantiza condiciones mínimas de seguridad. Esta situación genera desconfianza y desmovilización social.
Miller destacó que la guerra distorsionó profundamente la democracia colombiana. Décadas de conflicto armado debilitaron instituciones y procesos democráticos. El Acuerdo de Paz buscaba revertir estas distorsiones históricas. Sin embargo, la implementación precaria limita estas transformaciones.
Los factores de guerra reaparecen en territorios donde el Estado falla. Grupos armados ilegales controlan economías ilícitas y poblaciones. Consecuentemente, las comunidades quedan atrapadas entre múltiples violencias. Esta situación reproduce dinámicas que el acuerdo pretendía superar.
Rosende reconoció que la estigmatización continúa afectando a firmantes. Esta estigmatización dificulta su reintegración social y política efectiva. Además, alimenta discursos de odio que justifican violencias. La superación de estigmas requiere pedagogía y transformación cultural.
Los avances concretos también merecen reconocimiento en el balance general. Miles de excombatientes se reintegraron exitosamente a la vida civil. Proyectos productivos funcionan en diversos territorios del país. La Jurisdicción Especial para la Paz avanza en esclarecimiento.
La extensión de los PDET hasta 2037 garantiza continuidad programática. Estos programas implementan iniciativas de desarrollo en 170 municipios. Abarcan las zonas más afectadas por el conflicto armado. Su permanencia permite consolidar transformaciones de mediano y largo plazo.
Las organizaciones que trabajan en implementación mantienen su compromiso. Fundaciones, ONG y entidades internacionales acompañan procesos territoriales. Este tejido social resulta fundamental para sostener el acuerdo. También presiona al Estado para cumplir sus compromisos.
Los jóvenes emergen como nuevos guardianes del Acuerdo de Paz. Una generación que no vivió directamente el conflicto asume responsabilidades. Estos jóvenes entienden que su futuro depende de implementación. Por tanto, se movilizan para defender y fortalecer el proceso.
Doce mil firmantes continúan reconstruyendo sus vidas entre avances y desafíos. Cada historia representa un esfuerzo personal por la reintegración. Estas trayectorias individuales construyen colectivamente la paz territorial. Sin embargo, muchos enfrentan obstáculos económicos y sociales persistentes.
Petro admitió que la Unidad del Acuerdo de Paz no funcionó. Por eso, revivirá la Consejería Presidencial para coordinar implementación. Este cambio institucional busca mayor efectividad en la coordinación. También pretende dar mayor jerarquía política al proceso.
La coordinación institucional ha sido históricamente débil en la implementación. Múltiples entidades trabajan sin articulación efectiva entre sí. Esta fragmentación genera duplicidades y vacíos en la acción estatal. Una Consejería Presidencial podría mejorar esta coordinación necesaria.
Las próximas elecciones determinarán si Colombia profundiza o abandona el camino. Los candidatos deberán posicionarse claramente frente al Acuerdo de Paz. El electorado decidirá qué visión de país prevalecerá. Esta decisión afectará a millones de colombianos en territorios.
Quienes esperan implementación del pacto saben que sin democracia es imposible. La participación política efectiva resulta esencial para la paz. También lo son las garantías de seguridad para liderazgos sociales. Y la presencia institucional del Estado en todos los territorios.
Los nueve años transcurridos muestran que la paz es posible pero difícil. Requiere voluntad política sostenida de gobiernos sucesivos. También necesita compromiso ciudadano y respaldo internacional permanente. Finalmente, demanda transformaciones estructurales profundas en el país.
