Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, Colombia registró 410 asesinatos de defensores de derechos humanos. Así lo documenta la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en su más reciente informe. Estos crímenes dejaron de ser hechos coyunturales. Por el contrario, se consolidaron como un patrón estructural de violencia.
Del total de víctimas, 354 eran hombres. Además, 49 mujeres perdieron la vida en este periodo. También fueron asesinadas 7 personas LGBTIQ+, entre ellas 4 mujeres trans. Igualmente, 2 hombres gay y 1 persona no binaria murieron violentamente. La violencia se ha convertido en un fenómeno extendido en el territorio nacional.
El impacto de estos homicidios recae desproporcionadamente sobre poblaciones rurales y étnicas. De las víctimas registradas, 171 eran campesinos. Asimismo, 94 personas indígenas fueron asesinadas durante este periodo. Los afrodescendientes también sufrieron esta violencia con 43 víctimas mortales. Esta distribución refleja la estrecha relación entre violencia y territorios en disputa.
Las zonas donde confluyen grupos armados y ausencia estatal concentran la mayoría de casos. La violencia se dirige principalmente contra defensores de base. Estas personas tienen alta incidencia en la organización social. También ejercen funciones de representación comunitaria fundamentales para la cohesión territorial. Su labor resulta esencial para la gobernanza y transformación de sus comunidades.
El informe documenta impactos diferenciados según el perfil de las víctimas. Las mujeres defensoras registraron 49 homicidios durante el periodo analizado. Adicionalmente, sufrieron 608 ataques y amenazas en estos cuatro años. Los defensores del medio ambiente continúan entre los más expuestos a la violencia. Este grupo registró 64 asesinatos concentrados en departamentos específicos del país.
Cauca, Putumayo, Nariño y Chocó lideran los casos contra ambientalistas. Estas regiones comparten características territoriales y dinámicas de conflicto similares. La ONU insiste en que la situación responde a dinámicas estructurales. Lejos de tratarse de hechos aislados, existe un patrón sistemático de agresión.
Las dinámicas violentas se mantienen especialmente en zonas rurales del país. Sin embargo, también se han extendido a entornos urbanos y periurbanos. Esta expansión territorial demuestra la evolución del fenómeno violento. El informe documenta una fuerte concentración territorial de los crímenes.
El departamento del Cauca registra la mayor cantidad de casos con 84 asesinatos. Le sigue Valle del Cauca con 37 víctimas mortales en el periodo. Nariño y Arauca empatan con 36 casos cada uno. Putumayo completa los cinco departamentos más afectados con 34 homicidios. Otras zonas también presentan cifras alarmantes de violencia sistemática.
Norte de Santander registró 21 asesinatos de defensores de derechos humanos. Antioquia contabilizó 19 casos durante estos cuatro años de análisis. Bolívar reportó 15 víctimas mortales en el mismo periodo. Chocó y Guaviare empataron con 14 casos cada departamento. La distribución geográfica evidencia patrones regionales de violencia específicos.
El análisis territorial del periodo 2022-2025 mostró concentración municipal de la violencia. Algunos municipios presentan recurrencia de casos a lo largo de los años. Otros territorios registran únicamente picos aislados de violencia contra defensores. Esta diferencia resulta significativa para comprender el fenómeno estructural.
Los 10 municipios con mayor número de homicidios incluyen varios del Cauca. Argelia, Toribío y Santander de Quilichao encabezan esta lista departamental. Tumaco en Nariño también figura entre los territorios más peligrosos. Tibú en Norte de Santander registra alta recurrencia de casos. Tame en Arauca completa este grupo de municipios críticos.
Los municipios del Medio y Bajo Putumayo también presentan cifras preocupantes. En estos territorios, la reiteración de homicidios confirma patrones estructurales. No se trata de eventos coyunturales sino de agresiones sistemáticas. Los patrones se dirigen contra defensores indígenas, campesinos y comunitarios específicamente.
Los grupos armados no estatales implementan estas estrategias para ganar control territorial. También buscan consolidar su dominio social sobre las poblaciones civiles. El análisis identifica que la violencia responde a patrones repetidos regionalmente. En particular, señala la responsabilidad de actores armados ilegales.
El 73% de los asesinatos podrían corresponder a actores armados no estatales. Esta atribución se basa en el análisis de contextos y patrones. A pesar de algunos avances institucionales, la respuesta judicial sigue siendo limitada. Menos del 20% de los casos ha alcanzado una sentencia condenatoria.
En materia de amenazas, el rezago judicial resulta aún más evidente. Miles de casos de amenazas y ataques no presentan ningún avance investigativo. Esta impunidad generalizada perpetúa los ciclos de violencia contra defensores. El informe también pone el foco en las debilidades estatales estructurales.
El Estado colombiano muestra limitaciones para responder efectivamente a esta situación. Especialmente a nivel territorial, las capacidades institucionales resultan insuficientes. El nivel municipal continúa siendo el eslabón más frágil del sistema. Esta debilidad se refleja en la falta de articulación institucional.
La desarticulación limita seriamente la prevención y protección efectivas de defensores. El balance presentado por Naciones Unidas resulta contundente y preocupante. Pese a la existencia de políticas públicas, la violencia se mantiene. Los mecanismos de protección existentes no han logrado frenar los asesinatos.
Colombia sigue siendo un país altamente riesgoso para los defensores. Quienes ejercen la defensa de los derechos humanos enfrentan amenazas constantes. Esta conclusión del informe refleja la gravedad de la situación actual. Las cifras demuestran la persistencia del fenómeno a lo largo del tiempo.
Sumado a los homicidios, ONU Derechos Humanos registró 2.018 casos adicionales. Estas cifras corresponden a amenazas y ataques contra defensores entre 2022 y 2025. Del total documentado, 1.325 casos fueron contra hombres. Las mujeres sufrieron 608 amenazas y ataques en este periodo.
También se registraron 29 casos contra personas defensoras LGBTIQ+. Adicionalmente, 56 organizaciones sociales fueron objeto de agresiones. Esta distribución evidencia que la violencia no solo se dirige a individuos. También busca afectar estructuras colectivas y procesos organizativos completos.
La mayoría de las agresiones corresponden a amenazas con un 63%. Las amenazas de muerte representan el 6% del total de casos. Los actos de vigilancia también alcanzan el 6% de las agresiones. Las agresiones físicas representan el 4% de los ataques documentados. Los señalamientos o estigmatización también constituyen el 4% de los casos.
Adicionalmente se documentaron intentos de homicidio que representan el 5%. Los secuestros de defensores constituyen el 4% de las agresiones. Entre otros hechos violentos se registran diversas formas de intimidación. El informe subraya el impacto profundo de estas violencias múltiples.
Aunque estas formas de violencia son menos visibles que los homicidios, resultan igualmente efectivas. Sirven para el silenciamiento de los defensores y sus organizaciones. También provocan la desestructuración de los procesos organizativos en derechos humanos. En muchos casos, las amenazas tienen consecuencias directas sobre proyectos de vida.
Una amenaza de muerte puede transformar radicalmente el proyecto vital. Las personas defensoras y sus familias enfrentan decisiones difíciles constantemente. Muchos se ven forzados al desplazamiento desde sus territorios. Otros reducen su visibilidad pública para proteger sus vidas. Algunos abandonan definitivamente su labor de defensa comunitaria.
Estas agresiones no se limitan a personas individuales específicamente. Por el contrario, buscan afectar procesos organizativos completos y sostenidos. A través de estas vulneraciones de derechos humanos, los perpetradores persiguen objetivos claros. Buscan quebrantar la organización social en los territorios disputados.
También pretenden imponer normas de convivencia controladas por actores armados. Finalmente, buscan consolidar el control armado sobre territorios estratégicos. Este patrón de violencia multidimensional afecta la vida democrática del país. La defensa de derechos humanos se ha convertido en actividad de alto riesgo. La situación demanda respuestas institucionales coordinadas y efectivas a nivel nacional.
