La cifra de peruanos fallecidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania alcanzó los 13 casos confirmados preliminarmente. Así lo informó Percy Salinas, abogado que representa a las familias afectadas. Además, advirtió que el número total de connacionales involucrados sería significativamente mayor al estimado inicialmente.
“Hasta ayer tenemos la confirmación, lamentablemente, de trece fallecidos. Esta cifra puede ser más o menos, no lo sabemos aún”, señaló el representante legal en entrevista con Canal N. La información proviene de reportes de familiares y contactos en el extranjero, según precisó.
El letrado estimó que desde octubre del año pasado al menos 600 peruanos habrían viajado a Rusia. Sin embargo, reconoció que el cálculo podría variar considerablemente. Según indicó, solo alrededor del 10% serían exmilitares o exmiembros de la Policía. Estos habrían tramitado permisos ante la Cancillería de manera formal.
La mayoría correspondería a civiles sin formación militar alguna. “El resto son civiles. Mucha gente fue captada usando redes sociales”, afirmó el abogado. Las ofertas laborales se presentaban como empleos en cocina, vigilancia, mecánica o conducción. Los pagos prometidos alcanzaban hasta 20 mil dólares.
De acuerdo con su testimonio, los contratos habrían sido firmados en espacios informales. Entre estos lugares figuran centros comerciales, restaurantes, parques e incluso aeropuertos. En algunos casos, la documentación estaba redactada en idioma ruso. “Los dos documentos son en ruso, el de aquí y el de allá”, aseguró Salinas.
El abogado relató que tras llegar a Rusia algunos ciudadanos habrían sido entregados a grupos armados. Según su versión, se les retiraban documentos personales inmediatamente. Posteriormente, se les obligaba a firmar nuevos contratos antes de recibir entrenamiento militar.
“Luego los mandan al cuartel, tres semanas de entrenamiento militar y luego a la primera línea de batalla”, afirmó. Este proceso dejaría a los peruanos sin posibilidad real de negarse o retirarse. La confiscación de documentos les impediría buscar ayuda consular o intentar regresar al país.
El despacho de Salinas representa actualmente a 135 familias afectadas. Esta cifra continúa en aumento conforme se conocen nuevos casos cada día. También advirtió que existirían peruanos heridos en hospitales sin atención adecuada. Además, denunció la falta de respuesta consular en algunos casos graves.
Uno de los testimonios más alarmantes fue el de un ciudadano que logró enviar un audio desde una trinchera. El mensaje solicitaba auxilio desesperadamente. “Ruega que lo rescaten… hay trece peruanos con él”, señaló el abogado. El acceso a comunicación es limitado y riesgoso por la presencia de drones en zonas de combate.
Salinas cuestionó duramente la respuesta de las autoridades peruanas ante esta situación. Sostuvo que recién se habrían iniciado acciones formales tras la difusión pública del caso. También afirmó que ya existe una investigación fiscal abierta por presunta trata de personas. Esta investigación incluye la participación de redes internacionales y reclutadores tanto en Perú como en el extranjero.
“Acá hay peruanos que no tienen corazón, que han engañado a peruanos para llevarlos a una guerra que no es suya”, declaró con indignación. El letrado sugiere que existe una red organizada de captación. Esta red operaría con conocimiento de las condiciones reales que enfrentarían los reclutados.
El abogado cuestionó además el destino de ciudadanos que habrían llegado a la embajada peruana en Rusia. Señaló que algunos no habrían recibido apoyo suficiente por parte del personal diplomático. Posteriormente, habrían sido nuevamente expuestos a riesgo de captura por grupos armados. Esta situación evidenciaría la falta de protocolos claros para atender estos casos.
Los contratos irregulares constituyen uno de los elementos centrales de esta denuncia. Según los testimonios recopilados, muchos peruanos firmaron documentos sin comprender su contenido real. La barrera idiomática habría sido utilizada deliberadamente para confundir a los reclutados. Así, personas sin formación militar terminaron comprometidas en contratos de combate.
Las familias afectadas enfrentan además una situación de incertidumbre total. Muchas no saben si sus parientes están vivos, heridos o fallecidos. La comunicación desde el frente de batalla es esporádica y peligrosa. Los soldados deben arriesgarse para enviar mensajes breves a sus familias.
El perfil de los reclutados muestra una realidad preocupante sobre vulnerabilidad económica. La mayoría son personas en situación de necesidad que buscaban mejorar sus condiciones. Las promesas de salarios elevados resultaron ser el anzuelo perfecto. Sin embargo, una vez en Rusia, descubrieron que las condiciones eran completamente diferentes.
La investigación fiscal por trata de personas representa un paso importante en este caso. No obstante, las familias reclaman acciones más contundentes y rápidas. El tiempo corre en contra de quienes aún están atrapados en zonas de combate. Cada día que pasa aumenta el riesgo de más fallecidos o heridos.
El caso de los hondureños que lograron escapar muestra que la situación no es exclusiva de Perú. Un grupo de ciudadanos de Honduras denunció un engaño laboral similar. Fueron atraídos mediante falsas promesas de empleo civil en Rusia. Una vez en el país, sufrieron la confiscación de sus documentos. También enfrentaron presiones para firmar contratos militares.
Este caso ha encendido las alarmas sobre redes de captación en América Latina. Estas organizaciones utilizan ofertas de trabajo fraudulentas para sumar combatientes extranjeros. Las filas rusas en el conflicto bélico se nutrirían así de personas engañadas. Los métodos empleados corresponden claramente a patrones de trata de personas.
La respuesta gubernamental peruana ha sido calificada de insuficiente por los familiares. Consideran que las autoridades reaccionaron tardíamente ante las primeras denuncias. Además, señalan que la embajada en Rusia no cuenta con recursos adecuados. La protección consular efectiva requiere mayor presencia y capacidad de respuesta.
Los reclutadores operarían tanto en territorio peruano como en el extranjero. Utilizan redes sociales para contactar a potenciales víctimas. Las publicaciones ofrecen trabajos bien remunerados en sectores diversos. Posteriormente, establecen contacto directo para concretar los supuestos contratos laborales.
La firma de documentos en lugares informales evidencia la irregularidad del proceso. Ninguna empresa seria contrataría personal en parques o centros comerciales. Tampoco entregaría contratos exclusivamente en idioma extranjero sin traducción certificada. Estos elementos deberían alertar sobre la naturaleza fraudulenta de las ofertas.
El entrenamiento militar de apenas tres semanas resulta insuficiente para el combate real. Los soldados profesionales requieren meses o años de preparación adecuada. Enviar civiles con formación mínima al frente de batalla equivale prácticamente a una sentencia de muerte. Esta situación agrava la responsabilidad de quienes organizan estos reclutamientos.
Las condiciones en las trincheras son extremadamente precarias según los testimonios. Los peruanos enfrentan frío, hambre y constante peligro de muerte. No cuentan con equipamiento adecuado ni atención médica suficiente. Muchos expresan arrepentimiento y desesperación por haber aceptado las ofertas iniciales.
La presencia de drones en zonas de combate complica aún más la situación. Estos dispositivos detectan cualquier movimiento o uso de comunicaciones. Por tanto, los soldados deben arriesgarse significativamente para contactar a sus familias. Cada llamada o mensaje podría delatar su posición ante el enemigo.
Los heridos en hospitales sin atención adecuada enfrentan un drama adicional. Algunos habrían quedado con secuelas permanentes por falta de tratamiento oportuno. Otros estarían en condición crítica sin que sus familias lo sepan. La ausencia de información oficial agrava el sufrimiento de los parientes en Perú.
Las 135 familias representadas por Salinas constituyen solo la punta del iceberg. Muchas otras probablemente desconocen los canales para buscar ayuda legal. También existen casos de personas que viajaron solas, sin familiares que reclamen por ellas. El número real de afectados podría ser sustancialmente mayor.
La calificación de este fenómeno como trata de personas es jurídicamente apropiada. Se cumplen los elementos de captación mediante engaño y explotación. El traslado internacional con fines de explotación laboral o militar configura el delito. Las autoridades deben investigar y sancionar a todos los responsables de esta red.
La cooperación internacional resulta indispensable para resolver estos casos. Perú debe coordinar con Rusia para proteger a sus ciudadanos. También necesita trabajar con otros países latinoamericanos afectados por redes similares. La respuesta unilateral resulta insuficiente ante organizaciones transnacionales de este tipo.
Los sobrevivientes que logren retornar requerirán apoyo psicológico y médico integral. Las experiencias traumáticas de combate dejan secuelas profundas y duraderas. Además, muchos enfrentarán problemas legales por haber participado en conflictos armados. El Estado debe preparar programas específicos de atención y reinserción.
La prevención de nuevos casos exige campañas informativas masivas. La población debe conocer los riesgos de ofertas laborales sospechosas en el extranjero. Las señales de alerta incluyen pagos excesivos, contratos en idiomas extranjeros y trámites informales. La educación ciudadana puede evitar que más personas caigan en estas redes.
Las redes sociales tienen responsabilidad en la difusión de estas ofertas fraudulentas. Deben implementar mecanismos más efectivos de detección y eliminación de publicaciones engañosas. La colaboración con autoridades resulta fundamental para desarticular estos esquemas. La autorregulación de las plataformas digitales ha demostrado ser insuficiente.
El impacto en las familias peruanas trasciende lo individual y se convierte en problema social. Muchos hogares han perdido a su principal sostén económico. Otros enfrentan gastos inesperados tratando de rescatar o repatriar a sus familiares. El Estado debe considerar algún tipo de compensación o apoyo económico.
La guerra entre Rusia y Ucrania continúa cobrando víctimas inocentes de terceros países. Los peruanos engañados representan daños colaterales de un conflicto ajeno. Su participación forzada viola principios básicos del derecho internacional humanitario. La comunidad internacional debe pronunciarse sobre estas prácticas de reclutamiento.
