En un contexto de creciente tensión política en Colombia, un grupo de 43 congresistas ha tomado una medida significativa al dirigirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta acción, motivada por las preocupaciones expresadas por el presidente Gustavo Petro sobre una posible “ruptura institucional” y un intento de “sacarlo” de la Presidencia, refleja la profundidad de la crisis que se percibe en el país. Los firmantes de la carta, provenientes de las filas del Pacto Histórico, Comunes y algunas curules de paz, han solicitado de manera urgente la intervención de la CIDH para evaluar la situación.
La solicitud específica es que se designe una comisión de verificación u observación que visite Colombia con el fin de analizar la amenaza de una ruptura institucional y democrática. Esta preocupación surge en el contexto de lo que los congresistas describen como una falta de independencia e imparcialidad de algunos órganos de justicia y de control en el país. Aunque la carta inicialmente no presenta un informe detallado de la denuncia, los firmantes se han mostrado dispuestos a ampliar la información según lo requiera la CIDH.
Este llamado a la CIDH coincide con una serie de eventos que subrayan la tensión política en Colombia. Entre estos, se destaca la preparación de marchas en apoyo al gobierno de Petro y la solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que acelere la elección de un nuevo fiscal general. La primera de estas marchas, convocada por el sindicato de maestros Fecode, está programada para este jueves.
Además, la situación se complica con la reciente reunión entre el presidente Petro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra. Durante este encuentro, se discutieron las tensiones que rodean la elección del fiscal, un tema de gran relevancia para la administración de justicia en el país. Posteriormente, Petro hizo un llamado a través de su cuenta de X, instando a no ejercer presión sobre las cortes. En sus palabras, “Un gobierno progresista no atacará a la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular”.
Este complejo panorama político y social en Colombia plantea numerosos desafíos tanto para las instituciones del país como para la comunidad internacional. La intervención de la CIDH podría ofrecer una perspectiva externa y neutral sobre la situación, contribuyendo potencialmente a una solución que respete los principios democráticos y los derechos humanos. La respuesta de la CIDH y su eventual visita al país serán, sin duda, eventos clave en el desarrollo de esta crisis institucional y política. La comunidad internacional, así como los ciudadanos colombianos, estarán atentos a los próximos pasos en este delicado proceso.
