El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, ha generado controversia al solicitar a la Procuraduría General de la Nación que investigue mensajes suyos revelados por el periodista Daniel Coronell. Estos mensajes, según Coronell, podrían implicar irregularidades con miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
En su cuenta de X, Racero escribió: “Yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes que Daniel Coronel publica en el día de hoy. Todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad”. Esta declaración busca demostrar su disposición a colaborar con las autoridades y su interés en mantener la transparencia.
Los mensajes en cuestión, intercambiados a través de WhatsApp, sugieren prácticas cuestionables como el cobro de parte de ingresos y la asignación de trabajos particulares. Estefanía Montoya, miembro de su UTL, y su esposo, Yidis Gahona, exasesor de Racero, así como Leonardo García, son las personas involucradas en estos intercambios.
En uno de los mensajes, Racero habría solicitado a Montoya pagar a Gahona la suma de $3.500.000 de un total de $8.158.000. Además, Montoya debía cubrir una deuda de $2.375.000 de una tarjeta de crédito del congresista. Estas acciones, de ser ciertas, podrían constituir un uso indebido de los recursos asignados para el trabajo legislativo.
Por otro lado, Leonardo García, quien era conductor asignado de Racero, habría tenido que trabajar en un mercado de frutas y verduras (Fruver) del congresista durante la pandemia. Este tipo de asignación de tareas podría ser visto como una desviación de las funciones para las cuales fue contratado.
Además de solicitar la intervención de la Procuraduría, Racero también ha indicado que pedirá a la Corte Suprema de Justicia que inicie una investigación. Esta doble solicitud subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
La situación plantea varias preguntas sobre la ética y la legalidad en el manejo de los recursos públicos. Por un lado, la solicitud de Racero para que se investigue el caso puede interpretarse como un intento de demostrar transparencia y disposición a aclarar cualquier duda. Sin embargo, también podría ser vista como una estrategia para adelantarse a las acusaciones y controlar el daño a su imagen pública.
Es importante considerar el contexto en el que se desarrollan estos eventos. La política colombiana ha estado marcada por numerosos escándalos de corrupción, lo que ha generado una creciente desconfianza en las instituciones. En este sentido, la reacción de Racero podría ser una respuesta a la presión pública por mayor transparencia y rendición de cuentas.
Por otro lado, la revelación de estos mensajes por parte de Daniel Coronell pone de manifiesto el papel crucial del periodismo de investigación en la vigilancia del poder. La publicación de estos mensajes ha desencadenado una serie de eventos que podrían tener implicaciones significativas para la carrera política de Racero y para la percepción pública del Pacto Histórico.
