La reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia ha puesto en el centro del debate un tema de gran sensibilidad y relevancia social: la celeridad en la entrega de cadáveres a personas con recursos limitados. Esta medida busca evitar demoras injustificadas que profundizan el dolor de los familiares que reclaman un cuerpo. La orden está dirigida a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Nacional de Medicina Legal, instituciones que deben garantizar la rapidez en estos procesos.
El origen de esta decisión se encuentra en una tutela presentada por una mujer privada de la libertad. Ella solicitó la protección de sus derechos a la libertad religiosa, de culto, de conciencia y a la dignidad humana. Desde septiembre de 2022, el cuerpo sin vida de su hijo permanecía en una morgue de Medicina Legal. A pesar de sus múltiples intentos por reclamarlo y darle sepultura, le negaron todas sus iniciativas debido a su falta de recursos económicos. Finalmente, pudo enterrar a su hijo en febrero de este año, pero solo porque logró salir de la cárcel y recobrar su libertad.
La Corte Constitucional decidió pronunciarse de fondo sobre este caso. Durante dos años, la Fiscalía y Medicina Legal impusieron barreras administrativas que afectaron los derechos fundamentales de la madre. La alta corte expresó en un comunicado de prensa: “Para la Corte es contrario al respeto y a la dignidad, así como a la libertad religiosa de quienes buscan proporcionarle una sepultura, que un municipio no cumpla con su deber de sepultar a las personas con recursos limitados, justificando su incumplimiento en pretextos de deficiencias en la gestión administrativa y requisitos que no pueden atender los ciudadanos afectados”.
La Corte recordó a la Fiscalía y a Medicina Legal que la falta de cumplimiento de sus funciones puede dificultar la práctica de los rituales funerarios. Esto constituye una violación al derecho fundamental a la libertad de culto. Las creencias más íntimas y autónomas de las personas se ven frenadas, lo cual podría llevar a que el Estado sea responsable desde el punto de vista patrimonial.
Este fallo de la Corte Constitucional no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales y humanas. La demora en la entrega de cadáveres no solo prolonga el sufrimiento de los familiares, sino que también impide que se realicen los rituales funerarios de acuerdo con las creencias y tradiciones de cada persona. En una sociedad diversa y multicultural como la colombiana, el respeto por las prácticas religiosas y culturales es fundamental.
La decisión de la Corte también pone de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión administrativa en las instituciones públicas. Las barreras burocráticas y la falta de recursos no pueden ser excusas para incumplir con los deberes fundamentales del Estado. Es necesario que se implementen mecanismos eficientes y rápidos para la entrega de cadáveres, especialmente en casos de personas con recursos limitados.
Además, este fallo podría sentar un precedente importante para futuros casos similares. La Corte ha dejado claro que la dignidad humana y la libertad de culto son derechos fundamentales que deben ser protegidos. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar que estos derechos no sean vulnerados por deficiencias administrativas.
