La Sala Plena de la Corte Constitucional ha dado luz verde a un proyecto de ley estatutaria que busca prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en la participación política. Este proyecto, identificado como Ley Estatutaria No. 006 de 2022 Senado y 320 de 2022 Cámara, ha superado su trámite en el Congreso y solo espera la sanción presidencial para convertirse en ley.
La ponencia de la magistrada Natalia Ángel fue clave en la revisión constitucional de esta iniciativa. Aunque el proyecto recibió el voto favorable de la mayoría de los nueve magistrados de la Corte, sufrió algunas modificaciones durante el debate en la Sala. Fuentes internas han confirmado que no todos los artículos del proyecto aprobado en el Congreso se mantuvieron intactos tras su paso por el alto tribunal. Sin embargo, el proyecto sigue siendo una herramienta poderosa para proteger el liderazgo político de las mujeres.
El proyecto de ley aborda la violencia política contra la mujer como un fenómeno específico y diferente de otras formas de violencia reconocidas en el ordenamiento jurídico vigente. Su objetivo es asegurar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos y electorales, participen en igualdad de condiciones en todos los espacios de la vida política y pública, y ocupen cargos de elección popular y niveles decisorios en las diferentes ramas del poder público.
Durante la revisión del proyecto, varios académicos, congresistas y entes de control enviaron sus conceptos, la mayoría respaldando su viabilidad. La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, coautora del proyecto, destacó que la iniciativa fue aprobada casi por unanimidad en sus cuatro debates. Pizarro subrayó que el proyecto se construyó y justificó bajo estándares internacionales de protección de derechos de las mujeres, como la “Convención de Belém do Pará” y la “Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.
Pizarro también enfatizó la importancia de este proyecto en el contexto colombiano, donde la violencia política contra las mujeres es una práctica extendida pero no reconocida jurídicamente. La senadora argumentó que es fundamental que este tipo de violencia se reconozca en el ordenamiento jurídico colombiano para tomar medidas de prevención, atención, sanción y reparación para las víctimas.
En su defensa del proyecto, Pizarro mencionó que otros países de la región ya han creado leyes para regular la violencia política contra las mujeres. Bolivia fue el primer país en promulgar una ley específica sobre esta clase de violencia en 2012. Argentina, Ecuador y México han seguido su ejemplo, incorporando definiciones y sanciones en sus respectivas legislaciones. Perú y Uruguay también han avanzado en esta línea, aunque Uruguay solo incluye la violencia política en su ley general de violencia contra las mujeres. Costa Rica es el último país de América en aprobar una ley específica sobre violencia política.
La Procuraduría General, con firma de Margarita Cabello, también respaldó la viabilidad del proyecto, solicitando al alto tribunal que lo declarara exequible. El Ministerio Público argumentó que el Congreso tramitó el proyecto de manera adecuada y que la iniciativa busca asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, garantizando su participación en igualdad de condiciones en todos los espacios de la vida política y pública.
No obstante, la procuradora Cabello advirtió que, aunque la ley es relevante y necesaria, su alcance es limitado debido al carácter estructural de la violencia de género. Cabello resaltó que el proyecto no exime a las autoridades de consolidar esfuerzos en sus respectivos ámbitos para superar este fenómeno. Además, el Ministerio Público destacó que la iniciativa es idónea para cumplir su objetivo, ya que fija competencias y responsabilidades de los distintos actores para la promoción y garantía de los derechos de las mujeres.
El proyecto de ley ahora se dirige a la Casa de Nariño, donde, con las modificaciones realizadas por la Corte Constitucional, espera la firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley. Este paso final marcará un hito en la lucha por la igualdad de género en la política colombiana, fortaleciendo la democracia y garantizando los derechos políticos de las mujeres en el país.
