La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el presidente del país, Daniel Noboa, acusándolo de violencia política de género. Esta acusación, de ser admitida, podría tener consecuencias graves, que van desde una multa hasta la destitución o suspensión de derechos de participación política por un período de dos a cuatro años. La denuncia, presentada el pasado 8 de agosto, no se conocía públicamente hasta ahora, según reporta la prensa local.
El Código de la Democracia de Ecuador clasifica la violencia política de género como una infracción electoral grave. Las sanciones pueden incluir multas que oscilan entre 21 y 70 salarios básicos unificados, o incluso la destitución del cargo. Un juez del TCE deberá decidir si admite a trámite la denuncia de Abad.
La vicepresidenta también ha dirigido su querella contra la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial, Diana Jácome. Abad había advertido la semana pasada que procedería con la denuncia y esperaba el respaldo del pueblo ecuatoriano.
Aunque los detalles de la querella no se han revelado, Abad ha acusado al presidente de coartar su libertad de expresión, iniciar procesos judiciales contra sus familiares y no otorgarle vacaciones. Un evento que evidenció el distanciamiento entre ambos fue el sorpresivo envío de Abad a Israel como embajadora por la paz, a finales de 2023. Recientemente, fue trasladada a Ankara, Turquía, debido a la escalada de tensiones en la región.
Abad ha manifestado sentirse “desterrada” políticamente y víctima de un trato “hostil” por parte de Noboa, quien, según ella, intenta forzar su renuncia. El presidente aún no ha comentado sobre estas acusaciones. “Es algo que todavía nosotros nos preguntamos. El señor presidente no ha sido capaz de decir, primeramente, por qué el odio hacia su vicepresidenta”, declaró Abad.
La vicepresidenta ha dejado claro que no dimitirá y defenderá su derecho a asumir temporalmente la Presidencia cuando Noboa deba solicitar licencia para hacer campaña en las elecciones generales de 2025. Noboa confirmó su candidatura para la reelección el pasado 10 de agosto.
En paralelo, Abad enfrenta una denuncia ante el TCE por una presunta irregularidad en las elecciones locales de 2023, cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Cuenca. Esta denuncia fue interpuesta por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La situación en el TCE se ha complicado aún más con la reciente remoción de su presidente, Fernando Muñoz, por tres de los cinco jueces del tribunal. Estos jueces cuestionaron el desempeño de Muñoz y lo acusaron de no convocar al tribunal para tratar los proyectos de sesiones jurisdiccionales. “Los proyectos de sesiones para las jurisdiccionales se han visto entrampados por ciertas posiciones. Teníamos un grave problema, quien ejerce la presidencia es quien convoca al tribunal, y teníamos desfases nosotros como jueces de cómo estaban siendo también tramitados nuestros proyectos”, afirmó la juez Ivonne Coloma.
Muñoz, quien interrumpió la sesión y la calificó de “reunión de amigos”, rechazó su remoción y la atribuyó a intereses políticos. “Aquí no pueden decidir destituir a nadie, ni remover a nadie”, sostuvo. A pesar de su oposición, Coloma fue designada en su lugar. Muñoz advirtió antes de la sesión que “de cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse el tribunal”.
El TCE debía celebrar una audiencia oral única de pruebas y alegatos en el caso de Abad el próximo jueves. Sin embargo, Coloma ha aplazado la audiencia a una nueva fecha por definir, para completar el proceso de notificación a Abad y garantizar su derecho a la defensa.
Este conflicto entre la vicepresidenta y el presidente de Ecuador refleja una profunda crisis política en el país. La denuncia de Abad y la remoción de Muñoz del TCE añaden más tensión a un escenario ya convulso. La situación plantea preguntas sobre la estabilidad del gobierno y el futuro político de Ecuador. La respuesta del TCE y las acciones de los actores políticos en los próximos días serán cruciales para determinar el desenlace de esta crisis.
