El pasado domingo 14 de enero de 2024, la comunidad internacional se encontraba en vilo ante la inesperada demora en la toma de posesión del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo. La situación, que se desarrollaba en un clima de creciente tensión, fue el foco de atención de delegaciones de diversos países que se habían dado cita para ser testigos de este importante evento democrático. La expectativa era alta, y la preocupación se palpaba en el ambiente, especialmente cuando las inmediaciones del Congreso guatemalteco se vieron rodeadas por un contingente policial, en respuesta a la presencia de manifestantes que exigían la reanudación del acto de juramentación de los nuevos legisladores, suspendido esa misma mañana.
La ceremonia de investidura de Arévalo, programada para las 15:00 hora local, se encontraba en un limbo, mientras que su partido, Movimiento Semilla, emitía un mensaje a través de la red social X, proclamando que Arévalo era oficialmente el presidente de Guatemala. Sin embargo, este mensaje fue retirado minutos después, añadiendo más incertidumbre a la ya confusa situación. Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), no dudó en afirmar que “no hay dudas” de que Arévalo es el presidente legítimo del país centroamericano, haciendo un llamado a la calma y al respeto del proceso democrático.
La voz de la comunidad internacional se alzó a través de figuras como el canciller de Honduras, Enrique Reina, quien, en representación de las delegaciones presentes, incluidas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, instó a que se respetara la voluntad del pueblo guatemalteco, expresada en elecciones que fueron calificadas como justas, libres y transparentes por las misiones de observación electoral internacionales.
La situación se complicó aún más cuando el máximo tribunal de Guatemala decidió que los legisladores de Semilla no asumirían sus cargos afiliados a su partido, sino como independientes, lo que les impediría unirse a la junta directiva del Congreso y debilitaría la capacidad de Arévalo para ejercer el poder. El tribunal anunció una reunión para las 6 de la tarde, dejando en suspenso el futuro político del país.
El contexto de esta crisis política es uno marcado por la promesa de Arévalo de erradicar la corrupción endémica en Guatemala, un país con una población de 17,1 millones de habitantes. Su victoria en el balotaje de agosto fue contundente, pero desde entonces, el Ministerio Público (MP) ha intensificado sus esfuerzos por desacreditar su triunfo y obstaculizar la transición. Las acciones del MP, que incluyen intentos de despojo de la inmunidad de Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera, la suspensión de su partido y la búsqueda de la anulación del proceso electoral, han provocado una ola de protestas en las calles de Guatemala y han llevado a la comunidad internacional a expresar su preocupación.
El frágil estado de derecho en Guatemala se ve amenazado por estas maniobras, que ponen al país al borde de una crisis de gobernabilidad, con potenciales repercusiones en la implementación de las promesas de campaña de Arévalo, que incluyen la lucha contra la delincuencia organizada, la creación de empleo y la lucha contra el cambio climático. “Los problemas no han terminado para Arévalo”, señaló Roberto Alejos, expresidente del Congreso y analista político guatemalteco, anticipando las dificultades que enfrentará el nuevo presidente para gobernar, especialmente en un Congreso donde su partido, Semilla, solo ha obtenido 23 de los 160 escaños, quedando detrás de los conservadores Vamos y UNE.
La condena de la OEA al “intento de golpe de Estado” en Guatemala tras el resultado de las elecciones refleja la gravedad de la situación. Ana María Méndez, directora para Centroamérica del centro de promoción de derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), advirtió que las acciones para criminalizar a Bernardo Arévalo y a otros miembros del partido podrían continuar, incluyendo despojarlos de su inmunidad. “La alteración del orden constitucional en Guatemala generada por (la fiscal general, Consuelo) Porras es una grave amenaza para la gobernabilidad, la estabilidad y la paz”, añadió.
El Ministerio Público, por su parte, ha negado las acusaciones de estar llevando a cabo un “golpe de Estado” y ha asegurado que sus acciones se encuentran dentro del marco legal. Sin embargo, la percepción de una justicia politizada y la resistencia a la transición democrática son claras y representan un desafío significativo para el futuro inmediato de Guatemala. La comunidad internacional, los ciudadanos guatemaltecos y los actores políticos internos se encuentran a la espera de una resolución que respete la voluntad popular y fortalezca las instituciones democráticas del país.
