En un contexto de crisis sin precedentes en el sector salud colombiano, la Superintendencia de Salud ha decidido intervenir la EPS Sanitas, la segunda más grande del país, con un total de 5,7 millones de afiliados. Esta medida drástica se toma en un momento crítico, donde la entidad enfrenta una profunda crisis financiera, con una deuda que asciende a unos 2,3 billones de pesos y pérdidas reportadas en 2022 de 295.368 millones de pesos. La situación de Sanitas es un reflejo de las dificultades que atraviesa el sector, exacerbadas por la incertidumbre sobre la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuya aprobación en el Congreso parece incierta.
La intervención de Sanitas no es un hecho aislado. En los últimos cuatro años, 13 EPS han desaparecido en Colombia, afectando a cerca de 6,4 millones de colombianos que han tenido que cambiar de EPS debido a la liquidación de las entidades que los afiliaban. Estas liquidaciones se han justificado en razones como la inviabilidad financiera, la desviación de recursos, y la negación de servicios esenciales, entre otros. La situación de Sanitas, sin embargo, destaca por la magnitud de su impacto, dado el número de afiliados y la extensión de su cobertura.
La crisis de Sanitas no surgió de la noche a la mañana. Ya en julio de 2023, junto con otras grandes EPS como Sura y Compensar, Sanitas había enviado una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertando sobre la insostenibilidad financiera del sector. En esta carta, las EPS advertían sobre la posibilidad de tener que cesar operaciones si el Gobierno no saldaba las deudas pendientes. Este documento, descrito como explosivo, marcó un precedente en la discusión sobre la crisis de salud en Colombia, poniendo en evidencia la asfixia económica que enfrentan estas entidades.
Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas EPS, compartió su visión sobre la crisis, destacando la insuficiencia de los ingresos para cubrir las obligaciones de la EPS. Rueda explicó que la entidad ha agotado sus reservas, incluyendo un patrimonio construido a lo largo de casi tres décadas, para pagar atenciones de servicios que no se cubren con la financiación del Gobierno. Además, señaló que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2023, aunque históricamente alto, resulta insuficiente para cubrir tanto la inflación como la mayor frecuencia de servicios de salud.
La situación de Sanitas y del sector salud en general es compleja y multifacética. Por un lado, se enfrentan a desafíos financieros derivados de la estructura de financiamiento del sistema de salud, y por otro, a críticas y tensiones en la relación con el Gobierno. La intervención de Sanitas abre un capítulo más en esta crisis, evidenciando la urgencia de encontrar soluciones sostenibles que garanticen la continuidad y calidad del servicio de salud en Colombia. La comunidad espera que el diálogo entre las EPS y el Gobierno, iniciado tras la carta de julio, conduzca a acciones concretas que aborden tanto las necesidades inmediatas como los problemas estructurales del sistema de salud colombiano.
