El reciente aval dado por el Senado al proyecto de reforma pensional propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro marca un hito en la historia legislativa de Colombia. Con 49 votos a favor y tan solo 4 en contra, esta iniciativa busca transformar profundamente el sistema pensional del país, prometiendo un futuro más equitativo para la población adulta mayor. Este proyecto, que ahora deberá ser discutido en la Cámara de Representantes, está a un paso de convertirse en ley, lo que podría significar un cambio radical en la forma en que los colombianos enfrentan su vejez.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacó la rigurosidad y responsabilidad con la que se ha manejado el proyecto, asegurando que tras estudios detallados y la escucha activa de diversas voces, el Gobierno se siente preparado para implementar la reforma a partir del 1 de julio de 2025. Este compromiso con la preparación y la inclusión de opiniones diversas subraya la importancia de la reforma no solo como un cambio legislativo, sino como un proyecto social pensado para el bienestar de los colombianos.
Por su parte, la senadora Martha Peralta resaltó el impacto positivo que la reforma tendrá en los adultos mayores, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad. La reducción en el número de semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión —900 para hombres y 750 para mujeres—, junto con la introducción de un bono pensional de $250.000 para mayores de 80 años que nunca cotizaron, son medidas que prometen aliviar la carga sobre los hombros de muchos colombianos.
Sin embargo, no todos ven con buenos ojos esta reforma. La senadora Paloma Valencia y el abogado Daniel Briceño han expresado preocupaciones significativas. Valencia señala el impacto que la reforma podría tener en todos los colombianos, especialmente en aquellos de salario mínimo que, bajo el régimen de prima media, deben cotizar un número mayor de semanas en comparación con el régimen privado. Briceño, por otro lado, critica la reforma como una expropiación del ahorro de los colombianos y una amenaza a la libertad de elección, además de señalar los problemas fiscales que esto podría acarrear.
El senador Miguel Uribe Turbay ha manifestado su preocupación por la decisión de asignar al Banco de la República la administración del fondo de ahorro pensional, argumentando que esto podría politizar una de las instituciones más respetadas del país y desviarse de su misión principal de mantener una inflación baja y estable.
Este debate refleja la complejidad y la diversidad de opiniones que rodean al proyecto de reforma pensional. Mientras algunos ven en él una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y avanzar hacia una mayor justicia social, otros temen que pueda tener consecuencias negativas tanto para la economía del país como para la libertad individual de los colombianos.
Lo cierto es que la reforma pensional propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro se encuentra en un punto crítico. Su aprobación en el Senado es un paso significativo, pero aún debe superar los debates en la Cámara de Representantes y, eventualmente, recibir la sanción presidencial para convertirse en ley. Este proceso no solo es un reflejo de la dinámica política y social de Colombia, sino que también es indicativo de los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en su búsqueda de un sistema pensional más justo y sostenible.
