La reciente revelación sobre la presunta compra del software espía Pegasus por parte del gobierno de Iván Duque ha generado un torbellino de controversias y especulaciones. Este caso, que involucra transacciones financieras internacionales y acusaciones de espionaje, ha captado la atención tanto de la opinión pública como de las autoridades judiciales. La Fiscalía, en su papel de ente investigador, ha confirmado ciertos avances en la investigación, aunque aún quedan muchas preguntas sin respuesta.
En primer lugar, es importante destacar el papel crucial que ha jugado la información financiera proveniente de Israel. Según fuentes internas de la Fiscalía, se ha identificado un ingreso de divisas en efectivo a Israel por un monto de US$5,5 millones en junio de 2021. Este hallazgo es significativo, ya que podría estar relacionado con la supuesta compra del software espía. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha encontrado evidencia de que Pegasus esté en posesión de la Policía o de la Fiscalía misma, lo que añade un nivel de complejidad al caso.
El presidente Gustavo Petro, en una alocución nacional, denunció la compra del software espía, afirmando que el contrato entre NSO Technologies y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) se firmó por USD$11 millones. Según Petro, el pago se habría realizado en efectivo para evitar dejar rastro de la transacción. Esta afirmación ha sido respaldada por la empresa israelí NSO Group, que confirmó el acuerdo con Colombia ante varios medios de comunicación. No obstante, el expresidente Duque y varios de sus altos exfuncionarios han negado categóricamente la existencia de tal negocio.
El medio israelí Haaretz informó sobre dos vuelos entre Tel Aviv y Bogotá, que supuestamente se utilizaron para transportar el dinero de la transacción. Estos vuelos, según registros, fueron recibidos por la Policía Nacional en el aeropuerto El Dorado y estacionados en el área destinada a la unidad de antinarcóticos. La W Radio añadió que el primer avión aterrizó en Bogotá el 26 de junio de 2021 y regresó a Israel el mismo día, mientras que el segundo vuelo llegó a Bogotá el 17 de septiembre y partió hacia Israel el 19 de septiembre de 2021.
En el marco de la investigación, la Fiscalía ha tomado declaraciones de varios exfuncionarios del gobierno de Duque. Uno de ellos es Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia. Según El Tiempo, Muñoz asistió a una diligencia virtual acompañado de su abogado, donde se le preguntó sobre los trámites gubernamentales en compras de seguridad. Muñoz negó cualquier participación o aprobación de pagos por Pegasus, señalando que esa responsabilidad recaería en el Ministerio de Defensa.
Este caso plantea múltiples visiones y desafíos. Por un lado, está la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas en las compras de seguridad del Estado. La falta de claridad en las transacciones financieras y la negación de los exfuncionarios generan desconfianza en la ciudadanía. Por otro lado, está el debate sobre el uso de tecnologías de espionaje y su impacto en la privacidad y los derechos humanos. La posibilidad de que un gobierno adquiera software espía sin un control adecuado es preocupante y requiere una discusión profunda sobre los límites y las regulaciones necesarias.
Además, la investigación enfrenta el reto de obtener pruebas contundentes que confirmen o desmientan las acusaciones. La falta de evidencia física del software en las instituciones mencionadas complica el proceso y deja espacio para la especulación. La cooperación internacional, especialmente con Israel, será crucial para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las transacciones financieras.
En este contexto, es fundamental que las autoridades judiciales actúen con diligencia y transparencia. La sociedad colombiana merece respuestas claras y acciones concretas para garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera adecuada y que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. La investigación sobre la presunta compra de Pegasus es una oportunidad para fortalecer la confianza en las instituciones y promover un debate informado sobre el uso de tecnologías de vigilancia en el país.
