La reciente renuncia de dos directivos de Ecopetrol, José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, ha generado una tormenta en el panorama corporativo y político de Colombia. La decisión de estos directivos de abandonar la junta directiva de la petrolera estatal se produjo tras el desistimiento en la compra de al menos el 30% de participación en la empresa CrownRock, una productora de gas y petróleo en Estados Unidos perteneciente a Occidental Petroleum Corporation (Oxy).
La misiva de renuncia de Echavarría y Zuleta dejó claro que el negocio, aprobado por la junta directiva de Ecopetrol en febrero de este año, fue cancelado por orden del presidente Gustavo Petro. Según la carta, el presidente Petro se opuso al proyecto por tres razones principales: la inversión en fracking, el aumento de la deuda de Ecopetrol y la transferencia de recursos desde Colombia al exterior.
La mañana del jueves 29 de agosto, se conoció que la decisión y los argumentos de los dos directivos también ponen en jaque a la petrolera estatal. La renuncia de Ecopetrol al negocio con CrownRock podría desencadenar acciones legales de accionistas minoritarios en Colombia. Expertos en el sector explicaron que estos inversores podrían demandar a la empresa estatal alegando perjuicios financieros. Jorge Torrado Angarita, abogado especialista en derecho bursátil, señaló al diario La República que, según el artículo 200 del Código del Comercio, los administradores son responsables solidaria e ilimitadamente de los daños que causen a la sociedad o a terceros por acción u omisión dolosa o negligente.
Este marco legal establece que, potencialmente, los accionistas podrían reclamar indemnizaciones por la caída en el valor de las acciones de Ecopetrol. En la Bolsa de Valores de Nueva York, las acciones de la empresa descendieron un 9.8% en una semana, pasando de US10.42 a US9.49. La frustración de los accionistas se incrementa considerando que tales normas de responsabilidad administrativa son imperativas y no sujetas a negociación. Además del Código del Comercio, los administradores deben cumplir con el artículo 23 de la Ley 292 de 1995, que exige actuar de buena fe, con lealtad y con diligencia, siempre en interés de la sociedad y sus socios.
La negativa a la compra de CrownRock también fue señalada como el motivo de la renuncia de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta. Ambos consideraban el proyecto esencial para el futuro de la empresa y sus 250.000 accionistas. En una carta de renuncia, ambos expresaron su desacuerdo y desmintieron las afirmaciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien aseguró que la cancelación de la compra no respondía a una orden directa del presidente Gustavo Petro.
Roa clarificó que la indecisión se debía en parte al alto costo del proyecto, estimado en 3.700 millones de dólares, y a la negativa del Ministerio de Hacienda a autorizar la emisión de nueva deuda, citando preocupaciones sobre el potencial impacto financiero. Asimismo, el rechazo al proyecto se alinea con la postura del Gobierno de Petro contra la práctica de fracking, una técnica que el proyecto CrownRock emplearía.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuestionó públicamente los planes de Ecopetrol diciendo: “Si nosotros estamos diciendo que no le vamos a apostar al fracking, ¿por qué Ecopetrol quiere apostar al fracking en otra parte?”. Este comentario reforzó el choque entre la orientación política del Gobierno y las decisiones corporativas de la empresa.
Un documento interno de Ecopetrol reveló que, de haberse concretado la compra, podrían haberse añadido 65.000 barriles diarios a la producción total de la empresa para 2025, incrementando también las reservas recuperables. Pese a los beneficios potenciales, la transición fue rechazada, movida también por las preocupaciones medioambientales y financieras.
El gobierno corporativo de Ecopetrol ha sufrido un duro golpe debido a estas decisiones. Tomás González, director del Centro Regional de Estudios Económicos, afirmó que la permeabilidad de las ideologías políticas del gobierno central ha influido en las decisiones corporativas, debilitando la independencia de la administración de Ecopetrol. Los analistas también advierten que este tipo de interferencias podría afectar a otras empresas estatales, como Reficar e ISA, la cual recientemente cambió de dirección con el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente, un ingeniero cercano al Gobierno nacional.
En términos de estructura, la Junta Directiva de Ecopetrol actualmente cuenta con siete miembros independientes y dos no independientes, entre quienes están Tatiana Roa y Edwin Palma. Echavarría y Zuleta, aunque renunciaron, aún no han recibido la aceptación formal de sus renuncias.
La situación de Ecopetrol es un reflejo de las tensiones entre las políticas gubernamentales y las decisiones corporativas. La negativa a la compra de CrownRock y la renuncia de los directivos han puesto de manifiesto las diferencias en la visión del futuro energético del país. Mientras el Gobierno de Petro se enfoca en una transición energética y en la reducción de la dependencia del fracking, los directivos de Ecopetrol veían en la compra de CrownRock una oportunidad para aumentar la producción y las reservas de la empresa.
La renuncia de Echavarría y Zuleta también ha generado incertidumbre sobre el futuro de la junta directiva de Ecopetrol. La falta de aceptación formal de sus renuncias deja en el aire la composición de la junta y la dirección que tomará la empresa en los próximos meses. La situación también plantea preguntas sobre la capacidad de la empresa para tomar decisiones estratégicas de manera independiente, sin la interferencia del gobierno.
