En un país donde los grupos criminales parecen tener el poder absoluto en ciertas regiones, el registrador Alexander Vega ha expresado su preocupación por la seguridad en las elecciones regionales. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, Vega solicita garantías de seguridad para el proceso electoral, consciente de la amenaza que representan las disidencias de Iván Mordisco. Es evidente que el Gobierno Petro no está prestando la debida atención a estos problemas de orden público.
Vega hace hincapié en la importancia de incluir el tema de la seguridad electoral en los acercamientos y conversaciones con organizaciones ilegales. En palabras del registrador: “Es mi deber recomendar, como responsable de la dirección y organización de las elecciones, que se incluya dentro de los protocolos acordados del diálogo de ceses al fuego la obligación inquebrantable para los grupos al margen de la ley de no interferir en los comicios en curso”.
Para Vega, es fundamental contar con un compromiso claro por parte de estas organizaciones ilegales para garantizar el desarrollo del proceso electoral en Colombia. “Contar con el compromiso, verificable en la medida de las posibilidades, de no promover, financiar o vetar candidaturas o partidos, amenazar, constreñir o coaccionar, entre otras acciones encaminadas a concretar injerencias indebidas en las diferentes actividades del calendario electoral”, afirma el registrador.
El riesgo es evidente. Según Vega, unas 14.000 mesas de votación podrían estar en peligro si las actividades delincuenciales continúan en diferentes departamentos del país. Estos grupos al margen de la ley están inmersos en disputas territoriales y control del narcotráfico. En algunos lugares, obligan a la ciudadanía a asistir a reuniones de aspirantes políticos, mientras que las disidencias determinan qué candidatos se inscribirán.
El registrador advierte sobre la materialización de esta interferencia ilícita en las elecciones, especialmente durante el periodo de inscripción de cédulas y electores, así como en el proceso de inscripción de candidaturas. Vega destaca que el incumplimiento de estos compromisos mínimos amenaza el derecho a elegir y ser elegido, así como el interés general, las libertades públicas y la democracia colombiana en su conjunto.
Además de la preocupación por la seguridad, Vega informa que el censo electoral cuenta con 38.907.068 personas, se instalarán 12.918 puestos de votación y un total de 120.000 mesas para el 29 de octubre. La inscripción de candidatos durará un mes, con la posibilidad de hacer modificaciones hasta el 4 de agosto. También se han inscrito 1.298 comités promotores respaldados por firmas.
La petición del registrador Vega en materia de orden público es una muestra clara de la necesidad de garantizar la seguridad en las elecciones regionales. La amenaza constante de los grupos criminales pone en riesgo el proceso democrático y exige una respuesta contundente por parte del Gobierno y las autoridades competentes. La estabilidad y la democracia de Colombia dependen de ello.
