En la madrugada del miércoles 15 de mayo, el norte de Bogotá se convirtió en el escenario de una protesta significativa. Un grupo de recicladores, en busca de reivindicaciones laborales, se congregó en la intersección de la calle 96 con la carrera 12, afectando notablemente la movilidad en el barrio Chicó. Desde las 4 de la mañana, aproximadamente trescientos recicladores iniciaron la manifestación, la cual, con el pasar de las horas, creció hasta sumar cerca de mil personas frente a la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
La protesta no solo ha generado un impacto en el tráfico y las actividades cotidianas de una zona caracterizada por su alta densidad de hoteles y comercios, sino que también ha puesto de relieve las demandas de un gremio que clama por un pago justo y seguro por su labor. Los recicladores exigen garantías para la permanencia en su oficio y el acceso a condiciones laborales adecuadas, en un contexto donde se sienten perseguidos y marginados por entidades gubernamentales.
Yaneth Espinela, representante legal de la Asociación Nacional de Recicladores, ha sido una voz destacada en esta movilización. En declaraciones a Blu Radio, Espinela expresó la necesidad de modificar el Decreto 596 de 2016, que si bien reconoce y formaliza el trabajo de los recicladores, en la práctica ha permitido que intereses económicos privados y gubernamentales amenacen su sustento. La representante del gremio denunció que las condiciones actuales no permiten pagar salarios dignos ni ofrecer prestaciones sociales, dado que el precio de la tarifa por el material reciclado es insuficiente incluso para cubrir gastos básicos como el arriendo de las bodegas donde se separa el material reutilizable.
La situación se complica aún más con acusaciones directas hacia Ruth Maritza Quevedo, comisionada de la CRA, a quien se le atribuyen intenciones de monopolizar el negocio del reciclaje en Colombia. Estas acusaciones se basan en percepciones de que Quevedo, a pesar de su reciente nombramiento en enero de 2023 y su experiencia como economista y subdirectora de aprovechamiento en la Uaesp, no representa genuinamente los intereses del gremio. La falta de diálogo y reconocimiento por parte del gobierno se evidencia en la negativa de Francia Márquez a reunirse con los recicladores, según lo reportado por Espinela.
Por otro lado, Quevedo ha defendido su posición y la de la CRA, asegurando que no existe ningún conflicto de interés en su rol y que se ha buscado escuchar y reconocer las posturas de los recicladores. La comisionada expresó su sorpresa ante las acusaciones y la falta de solicitudes formales de diálogo, indicando su disposición a seguir las instrucciones de la ministra de Vivienda y abordar temas críticos como las tarifas y el decreto 516.
Este conflicto destaca la complejidad de las relaciones entre los recicladores, entidades gubernamentales y los intereses económicos en juego. La protesta en el norte de Bogotá no solo es un llamado de atención sobre las condiciones laborales de un sector crucial para la gestión de residuos y el reciclaje en la ciudad, sino también un reflejo de las tensiones y desafíos en la implementación de políticas públicas que afectan a comunidades vulnerables. La resolución de este conflicto requerirá un diálogo constructivo, transparencia y un compromiso genuino por parte de todas las partes involucradas para reconocer y valorar el trabajo de los recicladores en la sociedad.
