La reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación ha generado un gran revuelo en Cartagena y en el ámbito político nacional. William Dau, exalcalde de Cartagena, ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante nueve años. Esta sanción se deriva de irregularidades en un contrato firmado en 2020, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La investigación de la Procuraduría reveló que Dau contrató directamente con la empresa Ventas, Marketing y Distribución Ltda. para la adquisición de 10.000 pruebas rápidas de COVID-19. Sin embargo, esta empresa no contaba con la capacidad ni la autorización del Invima para comercializar dichas pruebas. Además, se descubrió que la empresa ofreció los kits a un precio unitario de $72.500, mientras que otros proveedores habían propuesto un valor de $21.500 por kit. Esta diferencia de precios y la falta de idoneidad de la empresa contratada llevaron a la alcaldía a declarar el incumplimiento del contrato, que tenía un presupuesto de $725 millones.
La Procuraduría también sancionó al exdirector del Departamento Distrital de Salud, Álvaro José Fortich, quien elaboró el documento que justificó la elección de la empresa sin verificar su idoneidad. Ambos funcionarios fueron acusados de vulnerar los principios de moralidad y eficacia, y sus conductas fueron calificadas como gravísimas.
Este caso pone de manifiesto varios problemas en la gestión pública durante situaciones de emergencia. En primer lugar, la falta de transparencia y la premura en la toma de decisiones pueden llevar a errores costosos. La contratación directa, aunque permitida en situaciones de emergencia, debe realizarse con un riguroso análisis de las capacidades y antecedentes de las empresas contratadas. En este caso, la falta de verificación de la idoneidad de la empresa Ventas, Marketing y Distribución Ltda. resultó en un contrato fallido y en la pérdida de recursos públicos.
Además, la diferencia de precios entre los oferentes plantea serias dudas sobre la eficiencia en la gestión de recursos públicos. La elección de una empresa que ofrecía un precio significativamente más alto sin una justificación clara es un indicio de posibles irregularidades. La Procuraduría ha señalado que esta decisión no solo fue ineficaz, sino también inmoral, al no priorizar el bienestar de los ciudadanos de Cartagena.
La sanción a William Dau y Álvaro José Fortich también resalta la importancia de la rendición de cuentas en la gestión pública. Los funcionarios públicos deben ser responsables de sus decisiones y acciones, especialmente en situaciones de crisis. La inhabilitación de nueve años para Dau es un recordatorio de las consecuencias de no actuar con diligencia y transparencia.
Por otro lado, este caso también abre un debate sobre las dificultades que enfrentan los funcionarios públicos durante emergencias sanitarias. La presión para responder rápidamente a una crisis puede llevar a decisiones apresuradas y errores. Sin embargo, esto no exime a los funcionarios de la responsabilidad de actuar con integridad y eficacia. La emergencia sanitaria por el COVID-19 fue una situación sin precedentes, pero la falta de preparación y la mala gestión no pueden justificarse bajo la premisa de la urgencia.
La decisión de la Procuraduría también tiene implicaciones políticas. William Dau, conocido por su estilo confrontacional y su lucha contra la corrupción, ha visto su carrera política truncada por esta sanción. Sus seguidores argumentan que la sanción es una represalia por su lucha contra los intereses establecidos en Cartagena. Sin embargo, la Procuraduría ha sido clara en su fallo, señalando que la inhabilitación se basa en pruebas concretas de mala gestión y no en consideraciones políticas.
