El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) enfrenta una encrucijada crítica. Desde hace ocho meses, las negociaciones están suspendidas, principalmente debido a un ataque del ELN en Puerto Jordán, Arauca, que dejó un saldo trágico de tres militares muertos y 25 heridos. Este evento marcó un punto de inflexión en un proceso que ya mostraba signos de estancamiento. Sin embargo, el ELN ha presentado un nuevo modelo de negociación con 13 propuestas, buscando reactivar el diálogo.
El documento titulado “La voluntad de paz del ELN” esboza un diagnóstico de los problemas actuales y ofrece soluciones para superar la crisis. Una de las propuestas clave es la implementación de un mecanismo de monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos, acompañado de una cláusula para abordar incumplimientos. Esta medida busca garantizar que ambas partes se adhieran a lo pactado, evitando así futuros retrocesos.
Además, el ELN subraya la importancia de abordar las causas subyacentes del conflicto, en lugar de centrarse únicamente en sus síntomas. Esto implica un compromiso genuino con la verdad y la responsabilidad, así como la adopción de políticas claras frente al proceso de paz. La guerrilla también hace un llamado a Estados Unidos para que no obstaculice una solución política al conflicto, fijando como meta el año 2026 para lograr avances significativos.
El contexto de estas propuestas es una reunión crucial que tuvo lugar en Caracas, Venezuela, del 1 al 7 de noviembre. Este encuentro fue el primero en seis meses y representó un intento de destrabar el proceso de paz. La delegación del Gobierno, encabezada por figuras como Vera Grabe e Iván Cepeda, aceptó la invitación del ELN para examinar la crisis, con la condición de abordar los puntos críticos.
El origen de la crisis actual se remonta a un diálogo regional entre el Gobierno y el grupo Comuneros del Sur, una facción disidente del ELN en Nariño. Sin embargo, el ataque en Arauca exacerbó las tensiones, llevando a la suspensión de las negociaciones. A pesar de no ser una ruptura definitiva, como han señalado el presidente Gustavo Petro y otros negociadores, la suspensión representa un golpe significativo al proceso de paz, que había sido considerado el “proceso estrella” del Gobierno.
El Gobierno ha sido criticado por no establecer límites claros en las negociaciones, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su postura frente al ELN, la guerrilla más antigua del continente. La suspensión de las conversaciones es vista como un intento de reafirmar su autoridad y establecer un precedente en el manejo del proceso de paz.
A pesar de los desafíos, el Gobierno ha expresado su disposición a retomar las negociaciones. En un comunicado reciente, agradeció los esfuerzos de la Iglesia, las Naciones Unidas y otros actores internacionales y sociales que han apoyado el proceso. Este gesto refleja un compromiso continuo con la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.
El camino hacia la paz con el ELN es complejo y está lleno de obstáculos. Sin embargo, las propuestas presentadas por la guerrilla ofrecen un punto de partida para reanudar el diálogo. La implementación de mecanismos de verificación y el compromiso con la verdad y la responsabilidad son pasos cruciales para avanzar. Además, la participación de la sociedad civil y el apoyo de la comunidad internacional son elementos esenciales para lograr un acuerdo duradero.
En este contexto, es fundamental que ambas partes muestren flexibilidad y disposición para comprometerse. La paz no es un objetivo fácil de alcanzar, pero con voluntad política y un enfoque centrado en la resolución de las causas profundas del conflicto, es posible avanzar hacia un futuro más pacífico para Colombia.
