El primer vuelo de migrantes deportados desde Panamá aterrizó este martes en Medellín con 28 ciudadanos colombianos a bordo. Entre ellos se encontraba un presunto integrante del Clan del Golfo, todos con antecedentes penales y detenidos después de haber cruzado la selva que conecta a los dos países. Este vuelo, según las autoridades panameñas, es el inicio de una nueva y endurecida estrategia del Gobierno de José Raúl Mulino para reducir el incontenible flujo de personas que se adentran en el inhóspito Tapón del Darién. La inmensa mayoría de estos migrantes tiene como destino final Estados Unidos. Sin embargo, Migración Colombia ha calificado el hecho de “rutinario”.
Estos vuelos se ponen en marcha a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Son parte de un acuerdo entre funcionarios de los dos países tras la llegada al poder de Mulino, hace menos de dos meses. También marcan una nueva forma de abordar la migración, que se ha convertido en un espinoso tema en la campaña que enfrenta al expresidente republicano Donald Trump con la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.
El paso de migrantes por la selvática frontera entre Colombia y Panamá se ha convertido en una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Venezolanos, haitianos, ecuatorianos y colombianos, pero también migrantes de otros continentes como Asia y África, arriesgan sus vidas en esas peligrosas rutas. Están expuestos a todo tipo de abusos de grupos criminales, como han documentado diversas organizaciones de derechos humanos. El cruce por la otrora inexpugnable ruta ha roto todos los registros en los últimos años. Más de 130.000 migrantes, principalmente haitianos y cubanos, cruzaron en 2021. La cifra saltó a 250.000 en 2022, con un incremento de venezolanos y ecuatorianos. Y más de medio millón se aventuró el año pasado, la mayoría venezolanos, hasta 60% según Panamá. Esto hace aún más complejo el escenario ante la crisis poselectoral de Venezuela, que puede provocar nuevas oleadas migratorias.
Solo en lo que va de 2024 se ha registrado el paso de más de 230.000 personas. En lo que va del mes de agosto, la cifra ya pasa los 8.000 casos, de acuerdo con el director del Servicio Nacional de Migración panameño, Roger Mojica. Según el funcionario, el acuerdo con Washington permite la deportación de todas las personas que ingresen de forma irregular a Panamá, y no solo a las que tienen antecedentes penales. En otras palabras, de todos los que crucen por el Darién. Del lado colombiano, el Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico, domina el tráfico de migrantes, que le proporciona millonarios recursos. Del panameño, Mulino ha insistido en la idea de “cerrar” el Darién desde la propia campaña que lo llevó al poder. Su química con el Gobierno vecino de Gustavo Petro estará en gran medida determinada por la manera de abordar el flujo masivo por la inhóspita selva que separa a los dos países.
El plan del nuevo mandatario, con evidentes implicaciones regionales, se topa con el espinoso desafío que representa la diáspora venezolana. Panamá rompió relaciones recientemente con Venezuela, después de que Mulino fue uno de los primeros mandatarios en cuestionar la victoria que le concedieron las autoridades electorales al presidente Nicolás Maduro sin exhibir ninguna evidencia creíble. El espacio aéreo entre los dos países está cerrado, lo que hace imposible deportar a los venezolanos a su país de origen. Colombia, por su parte, es con distancia el principal país de acogida de ese éxodo.
“Con este primer vuelo, se pone en ejecución el memorando de entendimiento sobre migración ilegal que firmaron los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos, el pasado 1 de julio”, el mismo día de la posesión de Mulino, ha explicado la Presidencia del país centroamericano en un comunicado. En el texto, ha insistido en que “el acuerdo establece que Estados Unidos cubrirá el costo de las deportaciones que requiera hacer Panamá para contrarrestar el tráfico ilegal de migrantes por la selva de Darién”. También apuntó que para los siguientes vuelos, que se anunciarán en los próximos días, ya se adelantan conversaciones con Ecuador e India. Washington se comprometió a financiar con seis millones de dólares las deportaciones.
La autoridad migratoria colombiana, sin embargo, ha bajado el volumen del anuncio panameño. “Estos vuelos vienen siendo atendidos desde el 2016 y traen únicamente ciudadanos colombianos”, ha señalado Migración Colombia al detallar que recibió 121 connacionales en 2022, 378 en 2023, y 365 en lo que va de este año. “Este procedimiento hace parte de los acuerdos bilaterales entre Colombia y Panamá, y se realiza en estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia migratoria”, ha subrayado sobre una operación que consideró “rutinaria”.
El contexto de esta situación es complejo y multifacético. La migración a través del Tapón del Darién no es un fenómeno nuevo, pero ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años. La selva del Darién es una de las rutas más peligrosas del mundo para los migrantes. Los riesgos incluyen no solo el terreno inhóspito y las condiciones climáticas extremas, sino también la presencia de grupos criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. Estos grupos, como el Clan del Golfo, ven en el tráfico de personas una fuente lucrativa de ingresos, lo que agrava aún más la situación.
El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para deportar a los migrantes que cruzan ilegalmente por el Darién es una medida que busca disuadir a las personas de intentar esta peligrosa travesía. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia está en entredicho. Por un lado, la deportación de migrantes con antecedentes penales puede ser vista como una medida necesaria para mantener la seguridad. Por otro lado, la deportación masiva de migrantes sin antecedentes penales plantea serias cuestiones éticas y humanitarias. Muchos de estos migrantes huyen de situaciones de violencia, pobreza extrema y persecución en sus países de origen. Deportarlos sin considerar sus circunstancias individuales puede resultar en un agravamiento de su sufrimiento.
Además, la implementación de esta política en un contexto de tensiones políticas y diplomáticas añade otra capa de complejidad. La ruptura de relaciones entre Panamá y Venezuela, y el cierre del espacio aéreo entre ambos países, complican la situación de los migrantes venezolanos. Estos migrantes no tienen un país al que puedan ser deportados fácilmente, lo que plantea un desafío adicional para las autoridades panameñas y colombianas.
La respuesta de Migración Colombia, calificando la deportación de migrantes como un procedimiento “rutinario”, refleja una postura de normalización de una situación que, en realidad, es extraordinaria y alarmante. La migración masiva a través del Darién es un síntoma de problemas más profundos en la región, incluyendo la inestabilidad política, la violencia y la falta de oportunidades económicas. Tratar esta crisis como un asunto rutinario puede llevar a una falta de acción efectiva para abordar las causas subyacentes de la migración.
En este contexto, es crucial que los gobiernos de la región, así como la comunidad internacional, adopten un enfoque integral y humanitario para abordar la crisis migratoria en el Darién. Esto incluye no solo medidas de seguridad y deportación, sino también políticas que aborden las causas fundamentales de la migración. La cooperación internacional y el apoyo a los países de origen de los migrantes son esenciales para encontrar soluciones sostenibles a largo plazo.
