El pasado viernes 21 de junio, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, recibió una amenaza de muerte en su domicilio. La intimidación llegó en forma de un panfleto que contenía el mensaje “descansa en paz”, acompañado de una cruz negra y dos balas. Este hecho ha generado una gran preocupación y ha llevado a las autoridades a reforzar su esquema de seguridad.
Roa ha estado bajo la lupa de las autoridades desde hace varios meses. Su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 ha sido objeto de escrutinio. La Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) investigan posibles irregularidades en la financiación de dicha campaña. Estas investigaciones han generado un clima de tensión y desconfianza en torno a Roa y su gestión en Ecopetrol.
El presidente Gustavo Petro ha calificado estas investigaciones como parte de un “golpe blando” en su contra. Petro ha señalado que uno de los magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada, quien radicó la ponencia para abrir el caso formalmente, enfrenta acusaciones de soborno y fraude procesal en la Corte Suprema de Justicia. Estas acusaciones se relacionan con el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien supuestamente intentó manipular testigos a su favor.
Roa ha mantenido un silencio absoluto respecto a las investigaciones. En abril de 2024, compareció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero no ofreció ninguna declaración. La Comisión buscaba obtener su versión sobre los hechos relacionados con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro. Esta investigación se originó a partir del caso de Nicolás Petro, hijo del presidente, y ha ido creciendo con la aparición de nuevos elementos.
Uno de los aspectos que se investigan es si la campaña de Petro violó los topes de gastos electorales. Se sospecha que se pagaron testigos para el día de las votaciones y los escrutinios. Además, se investiga un aporte de $500 millones de Fecode a Colombia Humana, que según algunos documentos, habrían sido invertidos en la campaña presidencial. Estas acusaciones han generado un ambiente de incertidumbre y han puesto en entredicho la transparencia del proceso electoral.
La amenaza de muerte contra Roa ha intensificado la atención mediática y ha generado un debate sobre la seguridad de los altos directivos de empresas estatales. La situación de Roa no es única; otros funcionarios y empresarios también han sido objeto de amenazas y ataques en el pasado. Este tipo de intimidaciones reflejan un clima de violencia y tensión que afecta a diversos sectores de la sociedad.
Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de la amenaza contra Roa. Sin embargo, la efectividad de estas investigaciones ha sido cuestionada en el pasado. En muchos casos, las amenazas y ataques contra figuras públicas quedan impunes, lo que genera una sensación de inseguridad y desprotección.
La situación de Roa también pone de manifiesto la complejidad de la relación entre política y negocios en Colombia. La gestión de empresas estatales como Ecopetrol está estrechamente vinculada a decisiones políticas y a la influencia de diversos actores. Esta interdependencia puede generar conflictos de interés y situaciones de riesgo para los directivos.
En este contexto, es fundamental que las autoridades garanticen la seguridad de Roa y de otros funcionarios en situaciones similares. Además, es necesario que las investigaciones sobre la financiación de la campaña de Petro se lleven a cabo de manera transparente y rigurosa. Solo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y en el proceso electoral.
La amenaza contra Roa es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Colombia en términos de seguridad y transparencia. Es crucial que se tomen medidas efectivas para proteger a los funcionarios y garantizar la integridad de los procesos políticos y empresariales. La sociedad colombiana merece un entorno seguro y justo, donde las amenazas y la violencia no tengan cabida.
