El 27 de octubre, un comunicado emitido por las disidencia de las extintas FARC, autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), causó revuelo en la esfera política colombiana. En el comunicado, se anunciaba que estas delegaciones estarían presentes en el acto protocolario de apertura de las elecciones regionales, que se realizaría el domingo en Popayán. Esta noticia fue recibida con indignación por diversos sectores, incluyendo funcionarios del Gobierno, quienes rechazaron la idea de que un grupo criminal estuviera presente en la inauguración del proceso electoral del próximo 29 de octubre.
El comunicado afirmaba que la presencia de la EMC se debía a una “invitación de las autoridades electorales”, es decir, de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el comunicado, “la mesa de diálogos de paz acompañará a la población, a las autoridades nacionales, territoriales y municipales, a las electorales y al ministerio público durante el proceso electoral en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca”.
Esta afirmación fue objeto de críticas, especialmente dirigidas hacia el gobierno de Petro. Sin embargo, el comunicado no especificaba que la invitación hubiera sido realizada por el Gobierno. De hecho, varios ministros del gobierno Petro ya han declarado que no fue su responsabilidad y que no hubo una invitación directa. En este sentido, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, solicitó a la organización electoral que aclarara la situación.
La respuesta no tardó en llegar. La Registraduría de Alexander Vega se pronunció minutos después, negando que la organización electoral hubiera invitado a la EMC a la instalación de las elecciones territoriales de este domingo. Según la Registraduría, “la autoridad electoral, junto a la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán, habían programado el evento en compañía de las Misiones de Observación Electoral Internacional acreditadas en el país, autoridades civiles, militares y de Policía para la apertura”, pero no con las disidencias.
Finalmente, tanto el registrador Vega como el presidente del CNE, Alfonso Campo, emitieron un comunicado conjunto en el que cancelaban el evento en Popayán. En su lugar, anunciaron que instalarían los comicios desde “otro lugar del territorio nacional”. Esta decisión se tomó en respuesta a la controversia generada por el comunicado de la EMC y a la negativa de la Registraduría y el CNE de haber extendido una invitación a este grupo.
Este incidente ha puesto de manifiesto las tensiones existentes en el proceso electoral colombiano y la delicada situación de las disidencias de las FARC. A pesar de la negativa de la Registraduría y el CNE, el hecho de que la EMC afirmara haber sido invitada a la apertura de las elecciones ha generado un debate sobre el papel de estos grupos en la política colombiana y sobre la legitimidad de su participación en eventos de esta naturaleza.
La cancelación del evento en Popayán y su traslado a “otro lugar del territorio nacional” también plantea preguntas sobre la seguridad y la transparencia del proceso electoral. ¿Cómo se garantizará que el proceso se desarrolle de manera justa y segura en este nuevo lugar? ¿Cómo se manejará la presencia de observadores internacionales y de las autoridades civiles, militares y de Policía?
Estas son preguntas que deberán ser respondidas en los próximos días, a medida que se acerca la fecha de las elecciones. Lo que está claro es que este incidente ha añadido una nueva capa de complejidad al ya de por sí complicado panorama político electoral.
