En el epicentro de una controversia política se encuentra la representante Catherin Juvinao, quien, a través de un video difundido en sus redes sociales, ha desatado una serie de reacciones en cadena. La congresista, en su intento por desmentir lo que considera una campaña de desinformación en su contra, ha revelado imágenes de una subcomisión encargada de estudiar la reforma a la salud en Colombia. Este grupo de trabajo, según Juvinao, buscaba consensos entre distintas fuerzas políticas para avanzar en la votación de la reforma en la plenaria de la Cámara.
La acusación de Juvinao es contundente: alega la existencia de un acuerdo entre el Pacto Histórico, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, que resultaría en beneficios económicos para las EPS, ahora en proceso de transformación en gestoras de salud y vida. El artículo 53 de la reforma, según la congresista, constituiría un “regalito” que oscilaría entre los 5 y 7 billones de pesos para estas entidades, las cuales, bajo su nueva denominación, seguirían manejando recursos significativos sin asumir todas las responsabilidades actuales.
La respuesta del Pacto Histórico no se hizo esperar. Martha Alfonso y Alfredo Mondragón, ponentes del proyecto de reforma, rechazaron las afirmaciones de Juvinao. Alfonso, en particular, expresó su descontento con la actitud de la representante, acusándola de hipocresía y de no respetar el debate transparente que, según ella, se ha llevado a cabo. La ponente enfatizó que no existe tal acuerdo secreto y que el artículo 53 es de conocimiento público, habiendo sido discutido ampliamente. Además, defendió que la reforma propone una reducción en el porcentaje que se paga a las gestoras por sus funciones y vincula un porcentaje de incentivos a los resultados obtenidos.
Por su parte, Alfredo Mondragón confrontó a Juvinao con datos específicos sobre los porcentajes que se pagan actualmente a las EPS y lo que se pagaría a las futuras gestoras, acusándola de favorecer a las EPS y de deshonestidad intelectual en el debate.
El Partido de la U también se sumó a las voces de rechazo ante las acusaciones de Juvinao, emitiendo un comunicado en el que niegan categóricamente haber solicitado beneficios para las EPS y criticando la banalización del debate por parte de la congresista.
Juvinao, sin embargo, se mantiene firme en su postura y reta a las colectividades a demostrar con sus votos la inexistencia del supuesto acuerdo. Reafirma que no actúa de mala fe y que, en su opinión, son los ponentes quienes la acusan injustamente de apoyar a las EPS.
Este intercambio de acusaciones y defensas pone de manifiesto la complejidad del debate sobre la reforma a la salud en Colombia, un tema que afecta directamente a millones de ciudadanos y que está en el corazón de la política y la economía del país. La discusión sobre el artículo 53 y el futuro de las EPS, ahora gestoras de salud y vida, es solo un fragmento de un rompecabezas mucho más amplio que involucra intereses políticos, económicos y sociales. La transparencia y la honestidad en el debate son cruciales para que la ciudadanía pueda entender las implicaciones de la reforma y para que la confianza en el proceso legislativo se mantenga intacta.
