En la noche del martes 31 de enero de 2024, las redes sociales se convirtieron en el escenario de un nuevo episodio de tensión política y social en Colombia. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial en X, anteriormente conocida como Twitter, lanzó una contundente solicitud dirigida al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. El motivo: un ataque directo contra la primera dama, Verónica Alcocer, por parte de un usuario identificado como Frank Portilla.
Este usuario, en una publicación que rápidamente se volvió viral, comparó a Verónica Alcocer con Griselda Blanco, una de las narcotraficantes más notorias de Colombia. La comparación se basó en una fotografía donde ambas mujeres aparecen abrazando un árbol, acompañada de un comentario que sugería una “extraña fascinación” de las mujeres narcotraficantes y mulas por este tipo de actos. La insinuación de Portilla era clara: colocar a la primera dama en una posición comprometedora y cuestionable ante la opinión pública.
Ante esta situación, el presidente Petro no dudó en exigir una investigación inmediata. “Le exijo al fiscal general de la nación la investigación sobre la identificación de esta persona que injuria y calumnia, y la acción legal correspondiente”, declaró. Esta acción no solo refleja la defensa de un esposo hacia su pareja, sino también el intento de preservar la dignidad y el respeto hacia las figuras públicas, especialmente cuando se trata de acusaciones sin fundamento.
La fiscal Angélica Monsalve también se sumó a la defensa de la primera dama. A través de su cuenta en X, Monsalve condenó el acto como un abuso y un maltrato hacia las mujeres, especialmente cuando estas acusaciones parecen estar motivadas por diferencias ideológicas. “A este presunto delincuente, lo quiero ver en los casos priorizados por la fiscalía”, afirmó, demostrando un firme compromiso con la justicia y el respeto hacia las mujeres, independientemente de su posición política o social.
La reacción de la comunidad en X y otras plataformas digitales no se hizo esperar. Muchos usuarios expresaron su rechazo hacia el perfil de Frank Portilla, considerando su acción como un ataque misógino y sin fundamento. Este episodio resalta la importancia de la responsabilidad en el uso de las redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras públicas. La facilidad con la que se pueden difundir mensajes ofensivos o calumniosos exige una reflexión profunda sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto hacia los demás.
La expectativa ahora recae sobre el fiscal Francisco Barbosa y las acciones que tomará frente a este caso. La sociedad colombiana observa atentamente, esperando que se haga justicia y se envíe un mensaje claro sobre la inaceptabilidad de la difamación y el abuso en el espacio digital. Este incidente no solo es un reflejo de las tensiones políticas y sociales en Colombia, sino también un recordatorio de la necesidad de promover un diálogo respetuoso y constructivo en el ámbito público.
