La tensión política se intensifica tras decisión judicial sobre reforma pensional
Una nueva controversia institucional surgió cuando el presidente Gustavo Petro acusó públicamente a la Corte Constitucional de intentar un “golpe de Estado” por retrasar la implementación de la reforma pensional.
El detonante de esta crisis fue la decisión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, de aplazar el estudio sobre posibles vicios de trámite en el proyecto y solicitar nuevas pruebas.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano expresó su indignación señalando que “Ibáñez no quiere la ley pensional y espera aplazarla por miedo a su efecto electoral”. Además, enfatizó que la ley ya había sido aprobada dos veces en el Congreso.
La reforma pensional representa uno de los pilares fundamentales de la agenda social del gobierno Petro. Por ello, el presidente anunció medidas alternativas para salvaguardar los beneficios prometidos a los colombianos de mayor edad.
Entre estas medidas, el gobierno implementará desde este año un bono pensional para hombres mayores de 75 años y mujeres mayores de 70 que carezcan de pensión. Este beneficio anteriormente solo alcanzaba a personas mayores de 85 años.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó enérgicamente la posición presidencial cuestionando públicamente al magistrado Ibáñez. “¿Cómo es posible que ponga en duda lo que diga el presidente de la Cámara?”, manifestó el funcionario.
La controversia se centra específicamente en la revisión de los procedimientos relacionados con el llamado “pupitrazo” de la pensional. El expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, había liderado una nueva votación para subsanar estos posibles vicios.
El gobierno ya ha tomado previsiones presupuestales para garantizar la continuidad del programa. “En el presupuesto del año 2026 desde ya queda la partida para atender el bono pensional con recursos presupuestales”, afirmó el presidente Petro.
Esta situación ha generado un debate sobre los límites entre los poderes del Estado y la independencia judicial. Mientras el ejecutivo considera la decisión como una obstrucción política, la Corte Constitucional defiende su derecho a realizar un examen exhaustivo de la legislación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien junto con Benedetti lideró el trámite en la Cámara de Representantes, también manifestó su preocupación por el retraso en la implementación de una ley que, según sus palabras, “tres millones de viejos y viejas están esperando”.
