Petro afirmó que la empresa cementera había adquirido tierras de manera ilegal, a lo que Argos respondió negando las acusaciones y asegurando que todas sus operaciones se realizan en el marco de la legalidad.
El presidente Petro, en una reciente intervención pública, acusó a la empresa Argos de haberse beneficiado del despojo de tierras en Urabá, una región que ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado y la violencia. Según Petro, Argos habría adquirido tierras de manera ilegal, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de los campesinos de la zona.
La respuesta de Argos no se hizo esperar. A través de un comunicado, la empresa negó rotundamente las acusaciones del presidente. Según Argos, todas sus operaciones se realizan en el marco de la legalidad y con el máximo respeto por los derechos de las comunidades locales. La empresa aseguró que siempre ha actuado de manera transparente y que está dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer cualquier duda sobre sus operaciones.
Sin embargo, las declaraciones de Petro han reavivado el debate sobre el despojo de tierras en Colombia, un problema que ha afectado a miles de campesinos y que ha sido uno de los principales motores del conflicto armado en el país. Según la Unidad de Restitución de Tierras, más de 6 millones de hectáreas de tierra han sido despojadas en Colombia desde 1985, lo que equivale a más del 10% del territorio nacional.
En este contexto, las acusaciones de Petro contra Argos cobran una especial relevancia. Si bien la empresa ha negado cualquier irregularidad, la controversia ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector empresarial colombiano. En este sentido, algunos expertos han propuesto la creación de un registro público de tierras, que permita rastrear la propiedad de la tierra y prevenir posibles casos de despojo.
Por otro lado, las declaraciones de Petro también han generado críticas. Algunos sectores acusan al presidente de utilizar el tema del despojo de tierras para desviar la atención de otros problemas urgentes, como la crisis económica y la violencia en las ciudades. Además, señalan que las acusaciones contra Argos carecen de pruebas y que el presidente debería centrarse en proponer soluciones concretas en lugar de lanzar acusaciones sin fundamento.
