El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia del ahora exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Esta decisión se tomó después de que se revelara su presunta implicación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Petro argumentó que la permanencia de González en el puesto no era compatible con las investigaciones en curso.
En un trino, el mandatario explicó: “Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país. Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo”.
Sectores de la derecha y del centro han pedido que, junto con González, renuncie también el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este último habría sido uno de los funcionarios clave para redireccionar contratos. Desde el Centro Democrático, el representante Andrés Forero aseguró que “las acusaciones son tan graves que [al presidente] no le quedó sino aceptar la renuncia de González” y añadió que “ahora solo falta que le acepte la renuncia a Bonilla”.
La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció al respecto. “Ya que está aceptando renuncias, aproveche para pedirle la salida al ministro Ricardo Bonilla. Funcionarios a su orden deben defenderse fuera de los cargos que ostentan”, apuntó.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, defendió la separación de poderes. Enfatizó que la justicia debe ser la que hable en este caso. También dijo que le parece bien que González haya salido del puesto y pueda defenderse por fuera del cargo.
La representante de Alianza Verde, Catherine Juvinao, afirmó que era “correcto” aceptar la renuncia de González. Apuntó que las funciones de Bonilla “también son incompatibles con la investigación judicial que se adelanta”. Agregó que el presidente debería dar una “muestra de altura política” y le criticó “seguir en trámite de reformas en el Congreso”.
Por su parte, la representante de Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, insistió que “para tranquilidad de fiscales y jueces” y “para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de [sus] abogados”, Bonilla debería salir del puesto. La congresista afirmó que este tenía derecho a defenderse, “pero no desde la cúpula del Gobierno”.
Hasta el momento no se sabe si el ministro de Hacienda saldrá de su cargo. El mismo presidente ha respaldado en varias ocasiones al funcionario y defendió su inocencia en el caso. La única otra funcionaria que salió del Gobierno por el escándalo fue Sandra Ortiz. Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, habría sido la encargada de entregar los dineros a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
La situación ha generado un debate intenso en el ámbito político. La renuncia de González ha sido vista por algunos como un paso necesario para garantizar la transparencia en las investigaciones. Sin embargo, otros consideran que no es suficiente y que más funcionarios deberían seguir el mismo camino.
El escándalo de la Ungrd ha puesto en el ojo del huracán a varios miembros del Gobierno. Las acusaciones de redireccionamiento de contratos y manejo indebido de fondos han sacudido la administración de Petro. La presión para que otros funcionarios renuncien sigue en aumento.
La oposición ha aprovechado la situación para criticar al Gobierno. Argumentan que la corrupción y el mal manejo de recursos son problemas sistémicos que requieren soluciones más profundas. La renuncia de González, aunque significativa, es vista como un paliativo temporal.
En este contexto, la figura de Ricardo Bonilla se ha convertido en un punto focal. Su permanencia en el cargo es cuestionada por varios sectores. La presión para que renuncie no solo viene de la oposición, sino también de algunos aliados del Gobierno.
El respaldo del presidente a Bonilla ha sido firme hasta ahora. Sin embargo, la situación podría cambiar si las investigaciones avanzan y se encuentran pruebas más contundentes. La estabilidad del Gobierno de Petro podría verse afectada si más funcionarios de alto nivel se ven implicados en el escándalo.
La renuncia de González y la posible salida de Bonilla son solo la punta del iceberg. El escándalo de la Ungrd podría tener repercusiones a largo plazo. La confianza en las instituciones y en el Gobierno está en juego. La manera en que se maneje esta crisis será crucial para el futuro político del país.
