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El caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina, sigue dando de qué hablar en Colombia. En esta ocasión, la Fiscalía ha imputado a otro exfuncionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Harbey José Carrascal Quintero, por presuntas irregularidades en el trámite de dos adiciones al contrato Ruta del Sol II.

Carrascal Quintero, quien trabajó en la Gerencia de Gestión Contractual de la ANI entre 2008 y 2016, habría proyectado el concepto jurídico que soportó la expedición del otrosí N°3, que autorizó la realización de los estudios y diseños del tramo Ocaña – Gamarra. Además, habría participado en la configuración del otrosí N°9, que modificó la fórmula mensual para el cálculo de los traslados de los aportes INCO a la cuenta de aportes concesionaria.

La Fiscalía sostiene que Carrascal Quintero tenía pleno conocimiento de cómo se manejaba la Ruta del Sol II y que participó en las referidas adiciones sin tener en cuenta principios esenciales de la contratación pública como transparencia, planeación y responsabilidad. Por estos hechos, se le imputan los delitos de contrato sin cumplimientos de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no ha aceptado.

Este nuevo episodio se suma a la imputación de siete exfuncionarios de la ANI en septiembre pasado por este mismo escándalo de corrupción. En esa ocasión, la Fiscalía encontró que presuntamente están implicados en acciones irregulares cometidas en la construcción del tramo vial entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).

La obra, que estuvo a cargo de Odebrecht y sus socios de Corficolombiana (Grupo Aval), ha sido uno de los focos de corrupción que las autoridades han investigado desde 2017, cuando estalló el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña en Colombia.

Los exfuncionarios de la ANI que fueron imputados son: Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.

El caso Odebrecht ha sacudido a la política y la economía de América Latina, con acusaciones de sobornos y corrupción que han llevado a la caída de presidentes y altos funcionarios en varios países. En Colombia, la investigación sigue en curso y cada vez son más los nombres que se suman a la lista de implicados en este escándalo que ha manchado la imagen de la contratación pública en el país.

La lucha contra la corrupción es un desafío constante para las autoridades colombianas, que deben enfrentar no solo la tarea de investigar y sancionar a los responsables, sino también de implementar medidas para prevenir y erradicar estas prácticas que tanto daño hacen a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

El caso Odebrecht es un recordatorio de la importancia de la lucha contra la corrupción y de la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar estas prácticas. Es un llamado a la acción para las autoridades colombianas y para todos los ciudadanos, que deben exigir transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública.

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