El pasado 26 de octubre, el panorama político de El Salvador se vio marcado por un evento que, sin duda, quedará grabado en la memoria colectiva: la inscripción de la candidatura presidencial de Nayib Bukele. El actual mandatario, conocido por su carisma y su controvertida gestión, presentó su solicitud en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) apenas 10 minutos antes de que expirara el plazo establecido, generando una ola de reacciones que van desde el fervor de sus seguidores hasta la preocupación de los defensores de la legalidad constitucional.
La jornada, que se extendió hasta la medianoche, fue anunciada por Dora Esmeralda Martínez, magistrada presidenta del TSE, a través de la red social X. La expectativa creció cuando, a pesar de que todos los candidatos que cumplían con los requisitos ya estaban inscritos, una multitud se congregó frente al Tribunal, esperando la llegada de Bukele. La reelección inmediata en El Salvador está prohibida, y el propio Bukele lo reconoció en una entrevista en 2013, destacando la importancia de esta norma para evitar la perpetuación en el poder.
Sin embargo, el escenario político ha cambiado desde entonces. Bukele, fundador del partido Nuevas Ideas, anunció su intención de postularse nuevamente, desafiando la Constitución que claramente prohíbe la reelección continua. La Constitución salvadoreña, en su artículo 88, subraya la alternabilidad como un pilar para el mantenimiento del sistema de gobierno, y el artículo 154 establece un período presidencial de cinco años sin posibilidad de extensión.
La candidatura de Bukele ha sido tildada de ilegítima por diversos sectores, en especial por su manejo del poder y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Bajo su mandato, se ha implementado un régimen de excepción que ha resultado en la detención de más de 70,000 personas, aproximadamente el 1% de la población salvadoreña. Organizaciones como Cristosal han documentado muertes de reos bajo custodia estatal y han hecho un llamado a las instituciones para que garanticen la transparencia y el cumplimiento de la ley en el proceso electoral.
El TSE, por su parte, aprobó la candidatura de Bukele sin objeciones, lo que generó críticas hacia los magistrados, quienes han sido acusados de tener vínculos con partidos políticos. Antes de la inscripción de Bukele, se presentaron escritos solicitando que no se aceptara su candidatura por ser inconstitucional, y se pidió la recusación de cuatro de los magistrados del TSE. La preocupación radica en la influencia que Bukele podría ejercer sobre las instituciones, incluida la Sala de lo Constitucional, cuyos miembros fueron colocados tras un movimiento legislativo favorable al presidente.
La comunidad internacional ha mantenido una postura ambigua frente a la situación. Mensajes como los del secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos y el embajador de la Unión Europea en El Salvador han evitado condenar la reelección y han optado por destacar la cooperación con el país.
En respuesta a su inscripción, Bukele se dirigió a sus seguidores, enfatizando la soberanía e independencia de El Salvador y su disposición a trabajar con la comunidad internacional. Este acto simbólico, acompañado de aplausos, refleja la complejidad de la situación política salvadoreña, donde la figura de Bukele sigue polarizando a la sociedad y poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas del país.
