La interacción entre el narcotráfico y los crímenes ambientales, conocida como “narcodeforestación”, se ha convertido en una preocupante realidad en Latinoamérica, afectando a países como Colombia, Ecuador, Brasil y México. Este fenómeno, que incluye delitos como extorsión, fraude y trabajo forzado, amenaza no solo a las zonas selváticas y sus habitantes sino también al equilibrio ecológico global. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual de drogas de 2023, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de abordar esta problemática desde una perspectiva integral que contemple tanto la lucha contra las drogas como la protección del medio ambiente.
La narcodeforestación se manifiesta de diversas maneras, incluyendo la deforestación, la contaminación de ríos y suelos, y la intoxicación de animales y seres humanos. Además, actividades ilícitas como la minería y la tala ilegales, así como el tráfico de fauna y flora silvestres, se han vinculado estrechamente con el narcotráfico, ampliando el espectro de su impacto negativo en el medio ambiente. En particular, el cultivo ilícito de la coca ha sido un factor determinante en la deforestación y la degradación del suelo en los Andes, con consecuencias devastadoras para la biodiversidad de la región.
Las comunidades locales, especialmente en la cuenca del Amazonas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, enfrentándose a disputas violentas con narcotraficantes y sufriendo desplazamientos forzados. Esta dinámica no solo altera la estructura social y económica de estas comunidades sino que también las empuja hacia la economía ilícita, perpetuando un ciclo de degradación ambiental y violencia.
A nivel global, la problemática se replica en regiones como Nigeria, donde los bosques tropicales se han convertido en centros de cultivo ilícito de cannabis, alterando su dinámica ecológica, y en el Triángulo de Oro de Asia Sudoriental, donde el cultivo de adormidera contribuye significativamente a la degradación de los bosques. Incluso en Afganistán, el cultivo de adormidera ha provocado la salinización del terreno, evidenciando la extensión global del problema.
Además, la producción de drogas ilícitas tiene una huella de carbono alarmante, contribuyendo significativamente al cambio climático. La fabricación de cocaína, por ejemplo, genera aproximadamente 8,9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, sin contar otras repercusiones ambientales como la contaminación del agua y la degradación del suelo. Es crucial destacar que las estrategias actuales para erradicar los cultivos ilícitos, como la fumigación aérea de herbicidas, también tienen consecuencias ambientales adversas, lo que subraya la necesidad de buscar alternativas más sostenibles.
Ante este panorama, la JIFE enfatiza la importancia de un enfoque integral para combatir el impacto ambiental del tráfico ilícito de drogas. La cooperación internacional emerge como un pilar fundamental para articular respuestas coordinadas que integren la aplicación de la ley, la protección del medio ambiente y estrategias de desarrollo sostenible. Solo a través de un esfuerzo conjunto y multidisciplinario será posible enfrentar este desafío complejo, buscando un equilibrio entre la lucha contra la delincuencia relacionada con las drogas y la minimización de los daños ambientales. La narcodeforestación no es solo un problema de seguridad o ambiental, sino un desafío global que requiere una respuesta global, donde la protección de nuestros ecosistemas y el bienestar de las comunidades vulnerables deben ser una prioridad.
