La crisis migratoria es una de las principales preocupaciones en el gobierno estadounidense, y ha sido una cuestión que ha marcado a la nación norteamericana durante años. En los últimos meses, el país ha intensificado sus restricciones para disminuir los ingresos irregulares y lanzado advertencias a quienes persistan en cruzar sin tener los papeles en regla. El Título 42, una medida aplicada desde la era Trump que apelaba a normativas sanitarias para limitar el ingreso, expiró el 11 de mayo. Sin embargo, su reemplazo, el Título 8, fortalece las políticas de expulsión al acelerar los procesos. Estados como Florida también han lanzado advertencias a migrantes.
A pesar de que Estados Unidos cierra sus puertas, son muchas las personas que intentan alcanzar el “sueño americano” y lograr sobrevivir. “Que nos lancen todos los artículos 42, pero la migración no se va a acabar. Nosotros vamos a seguir viniendo porque tenemos hambre”, dijo hace algunas semanas a AFP el venezolano, Eibor Tovar.
Mientras tanto, un informe del Instituto de Políticas de Equidad de Género (GEPI por sus siglas en inglés) destaca la inequidad salarial en EE.UU., especialmente para las mujeres indocumentadas. El análisis tomó como referencia las zonas con mayor número de población indocumentada: Nueva York, Texas, California y Florida. Entre los resultados, esa organización encontró que las mujeres devengan “57 centavos por cada dólar pagado a los hombres y reciben 52 centavos por cada dólar pagado a los hombres blancos”. Además, existe la menor posibilidad de contar con un seguro médico en la nación norteamericana.
El informe hace énfasis en la ‘sombra’ a la cual se ven obligadas a vivir las mujeres indocumentadas, bajo el temor de ser deportadas, y aun cuando le aportan a la economía nacional. Según GEPI, alrededor de cinco millones de mujeres sin los papeles en regla viven, trabajan e intentan sacar adelante a sus hijos en el país mencionado.
Por otro lado, las autoridades colombianas y estadounidenses han puesto fecha para los centros migratorios. Estos empezarán a funcionar desde el 19 de junio y su objetivo será orientar en los trámites de reubicación familiar, permisos laborales y rutas legales de migración. Colombia y Guatemala son los primeros países de la región donde EE.UU. anunció centros de procesamiento migratorio. Inicialmente, las oficinas están destinadas a ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela. Guatemala también llegó a un acuerdo similar y sus puntos se pusieron en marcha el 12 del mes en curso.
La administración Biden trabaja “para implementar rápidamente un modelo que garantice el éxito de esta iniciativa (…). El objetivo es evitar que aquellos que pretenden iniciar o continuar la migración irregular a los Estados Unidos u otros lugares como Canadá corran ese riesgo. Dichas oficinas están previstas para varios países de la región”. La espera para estos centros ha llegado a su fin, y se espera que contribuyan a solucionar la crisis migratoria que ha afectado a tantas personas en busca de una vida mejor.
