En la tranquila mañana del sábado 30 de marzo, la localidad de Usme, específicamente en el sector del Bosque, se vio sacudida por un evento que ha marcado un antes y un después en la percepción de seguridad de sus habitantes. La comunidad, aún conmocionada, intenta asimilar la brutalidad de una masacre que se cobró la vida de tres mujeres, una de ellas de apenas 14 años, y un hombre, quien, gravemente herido, falleció horas después en el hospital de Meissen. Este acto de violencia, perpetrado en las cercanías del parque Entrenubes, no solo ha dejado un saldo mortal, sino que ha encendido las alarmas sobre la exacerbación de la violencia en esta parte de la ciudad, tradicionalmente conocida por su tranquilidad y belleza natural.
La policía, en sus primeras declaraciones, ha sugerido que este crimen podría estar enmarcado dentro de una disputa por tierras ilegales, un problema que, lejos de ser reciente, ha venido escalando en los últimos años. La usurpación de tierras, llevada a cabo por bandas conocidas como tierreros, ha sido una constante en el sector, complicando la situación de seguridad y poniendo en riesgo a la población vulnerable que, en su deseo de tener un hogar, cae en las redes de estos criminales.
El alcalde Carlos Fernando Galán, en respuesta a este acto de violencia, anunció una recompensa de hasta 20 millones por información que conduzca a la captura de los responsables, además de establecer un grupo de operaciones especiales entre la Policía y el Ejército para asegurar la zona mientras avanzan las investigaciones. Sin embargo, más allá de las medidas inmediatas, la comunidad y expertos en seguridad insisten en la necesidad de abordar el problema de raíz, implementando políticas de largo plazo que atiendan tanto la usurpación de tierras como las estafas a la población vulnerable.
La masacre de Usme no solo ha dejado un profundo dolor entre los familiares de las víctimas y la comunidad en general, sino que también ha puesto de manifiesto la complejidad de los desafíos de seguridad que enfrenta la ciudad. Las víctimas, según la información preliminar, incluyen a un núcleo familiar compuesto por el hombre, su pareja sentimental, su hijastra de 14 años, y otra mujer conocida como alias ‘ñaña’. Este detalle, el involucramiento de un núcleo familiar completo, añade una capa de tragedia y urgencia a la situación, impulsando a las autoridades a desplegar una “burbuja de inteligencia” para esclarecer los hechos.
Este incidente, catalogado por Indepaz como la masacre número 15 en el país en lo que va del 2024, y la primera bajo la administración Galán, revela la presencia y disputas de bandas criminales de alto calibre en la zona, incluyendo al Clan del Golfo, el Tren de Aragua, células del ELN, y facciones disidentes de las exfarc. La complejidad del panorama de seguridad en Usme, y por extensión en Bogotá, requiere de una respuesta multidimensional que vaya más allá de la intervención policial y militar, abordando las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad.
La masacre en Usme es un llamado de atención sobre la urgencia de implementar estrategias integrales de seguridad y desarrollo social, que no solo contengan la violencia a corto plazo, sino que también promuevan la justicia, la inclusión y el bienestar de todas las comunidades afectadas por la violencia y la criminalidad. La tarea es compleja, pero indispensable para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos en todas las localidades de Bogotá y del país.
