El próximo 20 de julio, Colombia será testigo de una serie de marchas en defensa de la reforma agraria promovida por el gobierno de Gustavo Petro. El presidente ha asegurado que más de 600 organizaciones de base campesina apoyan esta iniciativa. Además, ha invitado a las juntas de acción comunal a salir a las calles para defender el proyecto.
El 10 de julio, el mandatario envió un mensaje similar a través de un trino. En él, afirmó que buscaba “una masiva movilización del campesinado de Colombia por la reforma agraria este 20 de julio en todo el país”. En el mismo trino, Petro instó a que “cada comité de reforma agraria municipal, cada coordinadora regional y cada organización campesina aliste la movilización rural por la democracia y la justicia rural”.
La Agenda Nacional Campesina ya se movilizó el pasado 8 de julio en defensa de esta iniciativa. En esa ocasión, exigieron a las instituciones del Gobierno nacional que cumplan con los acuerdos incumplidos de transformar el campo colombiano y atender las necesidades de la población rural. Uno de los objetivos de esa manifestación era exigir al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que respalden la Reforma Agraria Integral y la aprobación de la ley reglamentaria de la Jurisdicción Agraria.
En un comunicado, la Agenda Nacional Campesina expresó: “Es necesario que el Gobierno avance en la democratización del acceso a la tierra, la promoción de la economía campesina y la materialización de los derechos del campesinado”.
Después de una concertación entre el Gobierno y organizaciones campesinas de departamentos como Cauca, Tolima, Atlántico, Antioquia y Huila, se firmó un acuerdo sobre la ruta de implementación de la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral. El Ministerio de Agricultura indicó: “Con este gran acuerdo se ratifica que el movimiento campesino colombiano y el Gobierno del Cambio cuentan con la voluntad política y capacidad técnica para seguir labrando el camino que llevará a que Colombia implemente una Reforma Agraria que brinde mejores condiciones de vida y dignidad al campesinado”.
La reforma agraria es un tema de gran relevancia en Colombia. Históricamente, la distribución de la tierra ha sido una fuente de conflicto y desigualdad. La concentración de tierras en manos de unos pocos ha dejado a muchos campesinos sin acceso a recursos básicos. Esta situación ha perpetuado la pobreza y la falta de oportunidades en las zonas rurales.
El gobierno de Gustavo Petro ha puesto la reforma agraria en el centro de su agenda política. La propuesta busca redistribuir la tierra de manera más equitativa, promover la economía campesina y garantizar los derechos de los campesinos. Sin embargo, la implementación de esta reforma no está exenta de desafíos.
Por un lado, hay un fuerte apoyo de las organizaciones campesinas y de base. Estas organizaciones ven en la reforma una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y asegurar un futuro más justo para las generaciones venideras. La movilización del 20 de julio es una muestra del compromiso y la determinación de estas comunidades para defender sus derechos y exigir cambios.
Por otro lado, existen sectores que se oponen a la reforma. Algunos grandes terratenientes y empresarios agrícolas ven en la redistribución de tierras una amenaza a sus intereses. Argumentan que la reforma podría afectar la productividad y la competitividad del sector agrícola. Además, señalan que la implementación de la reforma podría generar conflictos y tensiones en las zonas rurales.
El gobierno ha intentado abordar estas preocupaciones a través del diálogo y la concertación. La firma del acuerdo sobre la ruta de implementación de la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral es un paso importante en este sentido. Sin embargo, la verdadera prueba será la capacidad del gobierno para llevar a cabo la reforma de manera efectiva y equitativa.
La movilización del 20 de julio será un momento crucial para la reforma agraria en Colombia. Será una oportunidad para que las voces de los campesinos sean escuchadas y para que el gobierno demuestre su compromiso con la transformación del campo colombiano. La participación de más de 600 organizaciones de base campesina y las juntas de acción comunal será un indicador del apoyo popular a la reforma.
