El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha asumido el cargo con una firme promesa: Panamá no será más un país de tránsito ilegal. En su discurso de toma de posesión, Mulino dejó claro que su administración se enfocará en detener la migración irregular a través de la jungla del Darién, una ruta peligrosa y utilizada por miles de migrantes cada año. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Atlapa en Ciudad de Panamá, con la presencia de varios líderes regionales.
Mulino, en su primer acto oficial, firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos. Este acuerdo, suscrito por el nuevo canciller Javier Martínez-Acha y el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas, busca cerrar la frontera a la migración desde Sudamérica. Washington se ha comprometido a cubrir los gastos de transporte y logística para la repatriación de los migrantes que ingresen ilegalmente al Darién. Sin embargo, aún no se ha especificado cuándo y cómo se implementará esta operación.
El flujo migratorio irregular ha sido una constante en la última década, pero en los últimos años ha alcanzado niveles alarmantes. Más de medio millón de personas utilizaron esta ruta el año pasado, en su mayoría venezolanos, seguidos por ecuatorianos, colombianos y chinos. En lo que va de 2024, casi 200.000 personas han seguido este camino. Mulino considera esta situación una crisis humanitaria “intolerable” que afecta el medioambiente, la economía de Panamá y genera graves violaciones a los derechos humanos, especialmente para mujeres y niños.
El nuevo presidente panameño ha sido enfático en su postura: “No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas”. Mulino también ha señalado que cada país debe resolver sus problemas internos y que los panameños no lo eligieron para ignorar estas “aberraciones”.
Las autoridades colombianas han identificado al Clan del Golfo, una poderosa organización paramilitar y narcotraficante, como uno de los principales beneficiarios de esta migración irregular desde el lado colombiano. Mulino ha insistido en que Panamá no puede seguir financiando el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva genera, especialmente con la vinculación de organizaciones criminales internacionales.
Michael Shifter, profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, ha comentado que Mulino parece sumamente comprometido con la idea de poner fin a la migración irregular por el Tapón del Darién. Sin embargo, Shifter advierte que no será fácil ejecutar esta política, ya que se pueden esperar grupos e intereses en contra. Además, el papel de Estados Unidos en este esfuerzo será crucial.
Mulino, abogado especializado en derecho marítimo por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, ganó las elecciones del 5 de mayo con más del 30% de los votos, impulsado por el partido Realizando Metas del expresidente Ricardo Martinelli. Martinelli, quien no pudo buscar un segundo mandato debido a una condena por lavado de dinero, está asilado en la embajada de Nicaragua desde febrero. Aunque Martinelli siguió la toma de posesión desde la sede diplomática, su esposa e hijos asistieron a la ceremonia. Mulino corrió sin candidato a la vicepresidencia, un hecho inédito, por lo que esa figura política estuvo ausente en el acto de juramentación.
Además de la crisis migratoria, Mulino enfrenta otros grandes desafíos. Uno de ellos es la crisis de agua que compromete la futura operación del canal interoceánico, un tema que no abordó en su discurso. También debe culminar el cierre de una mina de cobre que generó las mayores protestas en décadas en Panamá. El cese de operaciones de la mina, propiedad de la empresa canadiense First Quantum Minerals, ha impactado la economía del país y podría llevar a demandas arbitrales cuantiosas.
Sobre la mina, Mulino ha prometido una “estricta” auditoría ambiental para conocer el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora, y los posibles peligros que representa. El plan de abrir la mina para luego cerrarla definitivamente dependerá del resultado de este estudio ambiental.
Mulino ha reconocido que su administración enfrentará duros retos. “Recibimos una economía seriamente afectada. No sólo perdimos parcialmente el grado de inversión, también perdimos miles de empleos y la confianza de invertir en nuestro país”, admitió. Con estos desafíos en mente, el nuevo presidente panameño se prepara para un mandato que promete ser complejo y lleno de obstáculos.
