La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha identificado al menos 98 hechos graves que sucedieron durante la implementación de la estrategia de erradicación forzada con glifosato. Estas acciones habrían sido cometidas por agentes del Estado colombiano. Las organizaciones señalan que esta práctica generó diversos daños ambientales, los cuales incluyen la destrucción de cultivos de pan coger y plantas medicinales, así como la contaminación de ríos y quebradas.
La JEP citó a cuatro exgobernadores de Nariño para que entreguen testimonios sobre la implementación y el impacto que tuvo la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, entre el 2000 y 2013 en dicho departamento. Esta diligencia hace parte de las investigaciones que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad en el caso 02, el cual investiga los crímenes presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño).
Los exgobernadores citados fueron Parmenio Cuéllar Bastidas (2001-2003), Eduardo Zúñiga Eraso (2004 – 2007), Antonio Navarro Wolff (2008 – 2011) y Raúl Delgado Guerrero (2012 – 2015). Ellos deberán presentarse ante la JEP el próximo 17 y 25 de junio. Sumado a esto, la Jurisdicción invitó a las víctimas de los municipios afectados por estas vulneraciones de los derechos humanos, cometidas mediante la erradicación de cultivos, para que se acrediten en el caso.
La investigación judicial realizada por la Sala de Reconocimiento ha logrado identificar más de 400 hechos graves presuntamente cometidos por agentes del Estado. De estos, 98 habrían sucedido durante la implementación de la estrategia de erradicación forzada con glifosato. Según los informes entregados por organizaciones de víctimas, indígenas, afrocolombianas, campesinas y de derechos humanos, estos hechos generaron graves afectaciones a la población civil, bienes, territorio y naturaleza. Las organizaciones señalan que esta práctica generó diversos daños ambientales, los cuales incluyen la destrucción de cultivos de pan coger y plantas medicinales, así como la contaminación de ríos y quebradas.
Según la Jurisdicción, este tipo de prácticas provocaron desplazamientos forzados y “comprometieron las condiciones de vida de las comunidades, exacerbando las situaciones de vulnerabilidad y conflictividad social”. Por este motivo, este macrocaso cuenta con una metodología territorial que incluye enfoques de género, étnico, racial, territorial y ambiental.
En 2015, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Colombia se suspendió la aspersión aérea con glifosato. En 2017, la Corte Constitucional definió las condiciones que debían cumplirse para reanudarla. Sin embargo, esta práctica aún no está prohibida en el país por ninguna ley.
La estrategia de erradicación forzada con glifosato ha sido un tema de gran controversia en Colombia. Por un lado, el Estado ha defendido su uso como una herramienta necesaria para combatir el narcotráfico. Argumentan que la fumigación aérea es una de las formas más efectivas para eliminar grandes extensiones de cultivos ilícitos. Sin embargo, las comunidades afectadas y diversas organizaciones han denunciado los graves impactos que esta práctica ha tenido en sus vidas y en el medio ambiente.
Las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido algunas de las más afectadas por la fumigación con glifosato. Estas comunidades dependen en gran medida de la agricultura para su subsistencia. La destrucción de cultivos de pan coger y plantas medicinales ha comprometido su seguridad alimentaria y su salud. Además, la contaminación de ríos y quebradas ha afectado su acceso a agua potable y ha dañado los ecosistemas locales.
Las organizaciones de derechos humanos también han denunciado que la fumigación con glifosato ha provocado desplazamientos forzados. Las comunidades afectadas se han visto obligadas a abandonar sus tierras debido a la destrucción de sus cultivos y la contaminación del agua. Esto ha exacerbado las situaciones de vulnerabilidad y conflictividad social en estas regiones.
La JEP ha reconocido la gravedad de estos hechos y ha adoptado una metodología territorial para investigar y abordar las afectaciones causadas por la fumigación con glifosato. Esta metodología incluye enfoques de género, étnico, racial, territorial y ambiental. La JEP busca garantizar que las voces de las comunidades afectadas sean escuchadas y que se haga justicia por los daños causados.
La citación de los exgobernadores de Nariño es un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia. Sus testimonios serán clave para entender cómo se implementó la estrategia de erradicación forzada con glifosato y cuál fue su impacto en las comunidades afectadas. Además, la participación de las víctimas en el proceso es fundamental para garantizar que se reconozcan sus derechos y se reparen los daños causados.
La suspensión de la aspersión aérea con glifosato en 2015 fue un avance significativo en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en Colombia. Sin embargo, la posibilidad de reanudar esta práctica sigue siendo una preocupación para muchas comunidades y organizaciones. La Corte Constitucional ha establecido condiciones estrictas para la reanudación de la fumigación con glifosato, pero aún queda por ver si estas condiciones se cumplirán y si se garantizará la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
