La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas alzó su voz de alarma. En una carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresaron su preocupación. El Ministerio planea trasladar cerca de 1,8 millones de usuarios a Nueva EPS. Sin embargo, esta entidad no estaría preparada para asumir tal responsabilidad.
Nueva EPS es actualmente la aseguradora más grande del país. A pesar de ello, enfrenta serios problemas financieros y operativos. La asociación que agrupa a más de 340 hospitales cuestiona esta decisión gubernamental. Según ellos, la EPS no puede garantizar atención adecuada a sus afiliados actuales.
Juan Carlos Giraldo firmó la misiva enviada el 2 de marzo. Como director de la ACHC, conoce de cerca la situación del sector salud. En el documento recuerda que Nueva EPS mantiene deudas millonarias con prestadores de servicios. Las cifras son alarmantes y reflejan una crisis profunda.
El estudio de cartera de la asociación arroja datos contundentes. Con corte a junio de 2025, se analizaron reportes de 227 prestadores. Del total de cartera de las EPS en operación, que asciende a $16 billones, Nueva EPS acumula una deuda de $6,7 billones. Esta cifra representa el 43,1% del total de esa deuda. Además, presenta una morosidad del 60,9%.
La situación de Nueva EPS es particularmente delicada. Actualmente se encuentra bajo medida de intervención para administrar. No obstante, no se conocen sus estados financieros recientes. Tampoco existe claridad sobre su régimen de inversión de reservas técnicas. Esta falta de transparencia genera mayor incertidumbre en el sector.
Con la nueva organización que busca el Ministerio de Salud, Nueva EPS operaría en 504 municipios. Sería la única autorizada para prestar servicios en estos territorios. Esta concentración preocupa a los expertos del sector salud. Temen que la calidad de atención se deteriore aún más.
La asociación plantea condiciones claras antes de aprobar los traslados. Primero, solicitan sanear completamente la deuda existente. Segundo, piden realizar capitalizaciones que fortalezcan financieramente a la entidad. Estas medidas permitirían que Nueva EPS cumpla con los indicadores de permanencia.
Además, consideran necesario ajustar el número de usuarios actuales. Este ajuste debe corresponder a la real capacidad financiera de la EPS. También debe considerar su capacidad operacional y técnica. Solo así podría garantizarse una atención digna y oportuna.
La carta advierte sobre posibles consecuencias negativas de esta decisión. “La adopción de medidas de traslado de usuarios podría empeorar las condiciones de salud”, señala. Algunos grupos poblacionales se verían particularmente afectados. Incluso aquellos con algún grado de estabilidad podrían experimentar deterioro.
Otro punto crítico es el derecho a la libre elección. Los colombianos deben poder escoger libremente su EPS. Esta libertad es fundamental en el sistema de salud. Sin embargo, el decreto 182 podría limitar esta posibilidad.
Juan Carlos Giraldo enfatiza los esfuerzos del sector privado. “Los prestadores de servicios de salud hemos hecho ingentes esfuerzos por mantener la operación”, escribe. A pesar de las dificultades, han continuado atendiendo a los usuarios. No obstante, las medidas propuestas no ofrecen soluciones reales.
Por el contrario, alertan sobre mayores dificultades en el horizonte. El panorama actual del sistema de salud es preocupante. De 28 EPS habilitadas, ocho están bajo intervención para administrar. Dos más se encuentran en vigilancia especial.
Las 18 restantes no tienen medidas especiales actualmente. Sin embargo, con corte a junio de 2025, solo dos cumplen los indicadores. Estas dos EPS representan menos del 1% de la población afiliada. Esta realidad refleja una crisis sistémica profunda.
Los hospitales y clínicas temen un colapso mayor del sistema. La concentración de usuarios en una EPS financieramente débil es riesgosa. Podría generar un efecto dominó en toda la red de prestadores. Las instituciones de salud ya enfrentan problemas de liquidez graves.
La morosidad de Nueva EPS afecta directamente la operación de hospitales. Muchas instituciones dependen de estos pagos para funcionar adecuadamente. Sin recursos oportunos, no pueden adquirir insumos ni pagar nóminas. Esta situación compromete la calidad de atención a los pacientes.
El Ministerio de Salud aún no ha respondido públicamente a estas preocupaciones. La decisión de trasladar usuarios sigue en firme por ahora. Los próximos días serán cruciales para definir el futuro del sistema. Miles de colombianos esperan respuestas claras y soluciones efectivas.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas mantiene su posición firme. Insisten en que primero deben resolverse los problemas estructurales de Nueva EPS. Solo entonces podría considerarse ampliar su cobertura poblacional. De lo contrario, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
Los prestadores de servicios de salud han demostrado resiliencia extraordinaria. A pesar de deudas millonarias, continúan atendiendo a la población. Sin embargo, esta situación no puede sostenerse indefinidamente. Se requieren soluciones integrales y sostenibles a largo plazo.
La carta enviada al ministro Jaramillo representa un llamado urgente. Es una solicitud para que se revise cuidadosamente la política propuesta. El bienestar de millones de colombianos está en juego. Las decisiones que se tomen ahora tendrán consecuencias duraderas.
El sector salud atraviesa uno de sus momentos más críticos. La pandemia dejó al descubierto múltiples debilidades del sistema. Ahora, las decisiones administrativas podrían agudizar aún más la crisis. Se necesita diálogo, transparencia y compromiso con soluciones reales.
