En un acto que marca un precedente en la historia reciente de Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro ha decidido retirar las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. Este gesto simbólico, cargado de significado político y social, responde a una solicitud directa de Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, una de las víctimas del trágico episodio que sacudió al país en noviembre de 1985: la toma y retoma del Palacio de Justicia.
El Palacio de Justicia, símbolo de la justicia y la legalidad en Colombia, fue escenario de una de las páginas más oscuras de la historia nacional cuando el grupo guerrillero M-19 lo tomó por la fuerza. La respuesta del Estado, liderada por Arias Cabrales, culminó en una operación militar que, si bien logró recuperar el control del edificio, dejó un saldo de muertes y desapariciones que aún hoy siguen generando controversia y dolor entre los familiares de las víctimas.
La decisión de retirar las condecoraciones no es un acto aislado ni impulsivo. Se sustenta en años de lucha por parte de los familiares de las víctimas, quienes han buscado incansablemente justicia y verdad. La figura de Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por la desaparición de varios civiles durante la retoma, se ha convertido en un símbolo de los excesos cometidos por el Estado en su lucha contra la insurgencia.
El video que muestra a Carlos Horacio Urán saliendo con vida del Palacio de Justicia es una pieza clave en este complejo rompecabezas. La familia Urán ha mantenido la posición de que fue ejecutado extrajudicialmente, una acusación que pesa sobre las Fuerzas Militares y que ha encontrado eco en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional. La prohibición de entrada a los Estados Unidos para Arias Cabrales es un reflejo del alcance global que ha tenido este caso y de la gravedad de los hechos que se le imputan.
El decreto firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, es explícito en su contenido y en su mensaje. La “pérdida del derecho del uso de las condecoraciones” es una medida que, más allá de su impacto práctico, busca ser un acto de reparación simbólica y un llamado a la reflexión sobre los valores que como sociedad se deben promover y reconocer.
Las condecoraciones retiradas, entre ellas la Medalla de Servicios Distinguidos de Orden Público y la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, son reconocimientos de alto valor dentro de las Fuerzas Armadas. La decisión de retirarlas no solo afecta el legado de Arias Cabrales, sino que también envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad del Estado y sus agentes en la protección de los derechos humanos y el respeto a la vida.
Este acto del Gobierno de Petro se inscribe en un contexto más amplio de búsqueda de verdad y justicia en Colombia, un país marcado por décadas de conflicto armado y violencia. La medida adoptada busca ser un paso hacia la reconciliación, un reconocimiento de los errores del pasado y un compromiso con la construcción de un futuro en el que hechos como los ocurridos en el Palacio de Justicia no se repitan.
La narrativa que se construye alrededor de este hecho no es lineal ni sencilla. En ella se entrelazan el dolor de las familias, la memoria histórica de una nación y la necesidad imperante de cerrar heridas que han permanecido abiertas durante demasiado tiempo. El retiro de las condecoraciones es, en este sentido, un gesto que busca honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso del Estado con la justicia y la verdad.
La historia de Colombia está llena de episodios que requieren ser revisados y comprendidos en toda su complejidad. La toma y retoma del Palacio de Justicia es uno de ellos, y las acciones del Gobierno actual reflejan la voluntad de enfrentar esos capítulos oscuros, de aprender de ellos y de asegurar que la justicia, en todas sus formas, prevalezca.
