Este martes, altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro asistieron al Congreso para radicar uno de los proyectos más importantes en la agenda legislativa del Ejecutivo en estos meses: la ley de Jurisdicción Agraria. Acompañados por varios congresistas de la bancada del Pacto Histórico, los funcionarios explicaron los alcances del articulado y negaron que posibilitara la “apropiación exprés”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; radicaron el texto e instaron a los congresistas a leerlo antes de esparcir información que no contiene el articulado. Además, subrayaron que se trata de saldar una “deuda histórica” con el campesinado colombiano y cumplir con el Acuerdo de Paz.
“Una justicia especializada agraria necesitábamos en Colombia hace tiempo y hoy se hace posible abrir ese debate, el último tramo después de acto legislativo y la estatutaria, la ley ordinaria. Recoge muchas de las inquietudes de distintas bancadas frente a este tema y yo creo que esta ley puede ser, además, uno de los puntos principales del acuerdo nacional del cual hemos estado hablando con las distintas bancadas”, afirmó Cristo.
La cabeza de la cartera del Interior también explicó que “no tiene nada que ver esta ley con la expropiación”. De igual forma, indicó que lo que busca el proyecto es que un juez resuelva “los conflictos de la tierra que hay presentes hoy”: “aquí lo que estamos es señalando que toda decisión sobre la tierra será tomada por un juez agrario con segunda instancia del tribunal”.
“El Gobierno está abierto al debate, con transparencia, a buscar consensos. Seguramente hay vacíos, pero hagámoslo con seriedad y con responsabilidad frente al país, y no pretendiendo generar terrorismo mediático, que no le sirve a nadie”, finalizó el ministro.
Por su lado, Buitrago aclaró que lo que buscan es establecer “un procedimiento judicial para que sean los jueces para que asignen la titularidad”. También se refirió al tema de la expropiación exprés, sobre el que fue clara que la Jurisdicción Agraria “no lo posibilita”.
“La expropiación también está reglamentada en la ley, por utilidad social”, enfatizó. “No posibilita [la expropiación exprés] y es una adjudicación judicial. La expropiación, léanse la Ley 60, esto es un tema desde el año 30, facilita una expropiación, pero una expropiación legal. Desde ese punto de vista, no hay una figura diferente y el tema del proyecto de ley no genera una figura exprés diferente a la regular de un proceso para que se le entreguen las tierras para los que tengan el derecho”, añadió.
Los ministros también enfatizaron en que esperan que el Congreso le dé un trámite expedito a esta iniciativa, aunque fueron claros en que estarán dispuestos a debatir las inconformidades de los congresistas que las manifiesten.
La ley de Jurisdicción Agraria se presenta en un contexto de alta polarización política y social en Colombia. La reforma agraria ha sido un tema históricamente conflictivo en el país, con múltiples actores involucrados, desde campesinos hasta grandes terratenientes. La falta de una justicia agraria especializada ha perpetuado conflictos y desigualdades en el campo colombiano.
El proyecto de ley busca crear una jurisdicción agraria que permita resolver de manera más eficiente y justa los conflictos de tierras. Esto incluye la creación de jueces especializados en temas agrarios y la implementación de procedimientos judiciales claros para la adjudicación de tierras. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, subrayó que la ley no busca expropiar tierras de manera exprés, sino establecer un marco legal claro y justo para la adjudicación de tierras.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, también destacó la importancia de la ley para cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz. La reforma agraria es uno de los puntos clave del acuerdo, y la creación de una jurisdicción agraria especializada es un paso importante para su implementación. Carvajalino enfatizó que la ley busca saldar una deuda histórica con el campesinado colombiano, que ha sido uno de los sectores más afectados por el conflicto armado y la falta de acceso a la tierra.
El proyecto de ley ha generado diversas reacciones en el Congreso y en la sociedad colombiana. Algunos sectores han expresado su apoyo a la iniciativa, destacando la necesidad de una justicia agraria especializada para resolver los conflictos de tierras de manera más eficiente y justa. Otros, sin embargo, han manifestado sus preocupaciones sobre posibles expropiaciones y la implementación de la ley.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado a los congresistas a leer el articulado del proyecto de ley antes de esparcir información incorrecta. Cristo subrayó que el Gobierno está abierto al debate y a buscar consensos, pero pidió que el debate se realice con seriedad y responsabilidad. También destacó que la ley recoge muchas de las inquietudes de distintas bancadas y que puede ser uno de los puntos principales del acuerdo nacional.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, también hizo un llamado a la responsabilidad y la seriedad en el debate sobre la ley de Jurisdicción Agraria. Buitrago enfatizó que la ley no posibilita la expropiación exprés y que la expropiación está reglamentada en la ley por utilidad social. También destacó que la ley busca establecer un procedimiento judicial claro y justo para la adjudicación de tierras.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó la importancia de la ley para cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz y saldar una deuda histórica con el campesinado colombiano. Carvajalino subrayó que la ley busca crear una justicia agraria especializada que permita resolver de manera más eficiente y justa los conflictos de tierras.
