El canciller Luis Gilberto Murillo ha asegurado que el Gobierno Nacional hará todos los esfuerzos posibles para proteger a las víctimas del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó. Según informes, al menos 50.000 personas se encuentran confinadas debido a esta situación.
Murillo condenó enérgicamente el paro armado y pidió a los militantes del ELN que se comprometan con la paz. “Condeno enérgicamente el paro armado perpetuado por parte del ELN en el departamento del Chocó. Le exigimos de cara al país a este grupo armado que demuestre una voluntad real de paz y no continúe afectando la tranquilidad de las comunidades que habitan las regiones apartadas de Colombia”, indicó el canciller.
El canciller, quien anteriormente fue gobernador del Chocó, también expresó en su cuenta de X que el Gobierno Nacional está haciendo “todos los esfuerzos por proteger los derechos y seguridad de nuestra gente”. Esta declaración subraya el compromiso del gobierno con la protección de las comunidades afectadas.
El grupo guerrillero ELN dictó esta medida de carácter indefinido desde el pasado 11 de agosto. El paro armado afecta los ríos San Juan, Sipí y Cajón, así como la carretera Novita-Torra. El ELN justificó el paro armado argumentando que se están presentando “fuertes combates” con el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, ha señalado que el paro tiene confinadas a alrededor de 50.000 personas. “Recrudeciendo la crisis humanitaria en la que se ha mantenido Chocó por la disputa del territorio”, afirmó Córdoba. Esta situación agrava aún más las condiciones de vida de las comunidades locales, que ya enfrentan múltiples desafíos.
El anuncio del paro armado del ELN en Chocó se conoció apenas nueve días después del fin del cese al fuego bilateral con esta guerrilla. Este contexto añade una capa adicional de complejidad a la situación, ya que el cese al fuego había generado esperanzas de una posible desescalada del conflicto.
El paro armado ha tenido un impacto devastador en las comunidades afectadas. Las personas confinadas no pueden acceder a servicios básicos como alimentos, agua potable y atención médica. Además, el miedo y la incertidumbre han generado un ambiente de tensión constante.
El Gobierno Nacional ha desplegado esfuerzos para mitigar el impacto de esta crisis. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. Las organizaciones humanitarias han alertado sobre la necesidad urgente de asistencia para las comunidades confinadas. La falta de acceso a recursos básicos podría llevar a una crisis humanitaria de gran magnitud.
El canciller Murillo ha instado a la comunidad internacional a prestar atención a esta situación. “Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para garantizar la protección de los derechos humanos en estas regiones”, afirmó. Esta solicitud busca movilizar recursos y apoyo para enfrentar la crisis.
El ELN, por su parte, ha mantenido su postura de justificar el paro armado como una medida de autodefensa. Sin embargo, esta justificación ha sido ampliamente criticada por diversos sectores de la sociedad. La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por la situación en Chocó.
El conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo ha exacerbado la violencia en la región. Las comunidades locales se encuentran atrapadas en medio de este conflicto, sin poder escapar de la violencia y la inseguridad. La disputa territorial entre estos grupos armados ha llevado a un aumento de los enfrentamientos y las violaciones de derechos humanos.
El Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, la situación en Chocó pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el país en su camino hacia la paz. La protección de las comunidades afectadas y la garantía de sus derechos son prioridades fundamentales en este proceso.
En este contexto, es crucial que se fortalezcan los esfuerzos de diálogo y negociación. La paz en Colombia depende de la voluntad de todas las partes involucradas para encontrar soluciones pacíficas y duraderas. La comunidad internacional también tiene un papel importante en apoyar estos esfuerzos y garantizar la protección de los derechos humanos.
El paro armado en Chocó es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de la paz. La protección de las comunidades afectadas y la garantía de sus derechos deben ser prioridades fundamentales. El compromiso del Gobierno Nacional y el apoyo de la comunidad internacional son esenciales para enfrentar esta crisis y avanzar hacia un futuro de paz y seguridad para todos.
