La Fiscalía General de la Nación ha lanzado una contundente ofensiva contra el Clan del Golfo. A través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, se han entregado a la Policía Nacional 265 órdenes de captura contra integrantes de esta peligrosa banda criminal que ha sembrado el terror en regiones como Córdoba, Sucre y La Guajira. La Fiscalía ha señalado que esta operación tiene como objetivo lograr la judicialización de los responsables de varios actos ilícitos que han afectado la vida, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de estas regiones durante los últimos cinco años.
Las órdenes de captura están dirigidas contra algunos de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, como José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, y otros jefes o personas que harían parte de las estructuras conocidas como Arístides Mesa Páez, Central Urabá, Nelson Darío Hurtado Simanca y Roberto Vargas Gutiérrez. Delitos como homicidio, terrorismo, extorsión, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos figuran en las 265 órdenes de captura que han sido puestas a disposición de los grupos de policía judicial de la Policía Nacional para su ejecución.
La ola de acciones criminales promovida por el Clan del Golfo después de la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, ha sido una de las más violentas y sangrientas en la historia reciente de Colombia. Atentados a la fuerza pública, como el denominado plan pistola, asesinatos selectivos y ataques contra la población civil han sido algunos de los horrores que han dejado a su paso.
Pero el Clan del Golfo no solo ha sembrado el terror entre adultos, también ha apuntado sus garras hacia los más vulnerables: los niños. La Defensoría del Pueblo ha señalado que en Antioquia, cada cuatro días un niño suelta sus juguetes para agarrar un arma de fuego o drogas. Detrás del reclutamiento ilícito en esta región de Colombia, hay macabros retos que impulsan a las estructuras delincuenciales para llenar sus filas con los más pequeños, quienes, por ser menores, pueden esquivar con más facilidad los líos judiciales.
Los testimonios recogidos por un medio de comunicación en el nordeste y norte del departamento revelan una serie de concursos, unos más dolorosos que otros, con los que las organizaciones perfilan a los menores y los encajan en el rompecabezas del mundo criminal: vender drogas, cobrar extorsiones, disparar en el monte, custodiar las minas o vigilar los pasos de la fuerza pública en el territorio.
El reclutamiento forzado de menores es un flagelo que afecta a muchas regiones del país, pero en Antioquia se ha convertido en una verdadera epidemia. La Defensoría ha contabilizado 45 casos de reclutamiento forzado en algunos municipios como Remedios, Segovia, Briceño, Yarumal, Angostura, Ituango, Valdivia y Campamento. No obstante, se sospecha de un subregistro inmenso porque las personas no se atreven a denunciar por temor a represalias o desconocen que son víctimas de un flagelo que es castigado.
