El próximo 13 de febrero marcará el fin de la gestión de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, un periodo que ha estado lleno de controversias, promesas y desafíos. Desde su posesión, Barbosa se presentó como un fiscal con un profundo conocimiento y experiencia, prometiendo una lucha incansable contra la corrupción y una especial atención a los delitos contra menores de edad y los crímenes contra líderes sociales. Sin embargo, a lo largo de su mandato, los resultados han sido mixtos, especialmente en regiones apartadas donde prometió justicia e imparcialidad.
La gestión de Barbosa ha estado marcada por cifras que reflejan tanto avances como desafíos pendientes. Por un lado, se reporta un esclarecimiento significativo en casos de homicidios de defensores de derechos humanos, con un avance del 73,14% en los casos ocurridos entre 2016 y enero de 2021. Sin embargo, la impunidad sigue siendo alta, con un 88% de los casos sin sentencia, lo que indica que aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar justicia completa.
Por otro lado, la Fiscalía ha enfrentado críticas por el alto número de casos archivados y personas liberadas por vencimiento de términos, lo que refleja desafíos en la gestión y eficiencia del sistema judicial. En 2022, se archivaron 749.484 casos por no encontrar a los responsables, y 5.691 personas quedaron libres por vencimiento de términos, evidenciando problemas estructurales en la administración de justicia.
La relación entre Barbosa y el presidente Gustavo Petro también ha sido tensa, con acusaciones mutuas que han desviado la atención de los problemas sustantivos de seguridad y gobernabilidad del país. Esta situación ha generado debates sobre la independencia y el papel de la Fiscalía en el contexto político actual.
Además, la gestión de Barbosa ha sido criticada por su aparente falta de modestia y por controversias relacionadas con el uso de recursos públicos y personal de la Fiscalía para fines personales. Estos incidentes han generado cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en el ejercicio de su cargo.
A medida que se acerca el final de su mandato, la Corte Suprema de Justicia enfrenta el desafío de elegir a su sucesor entre tres candidatas propuestas por el presidente Petro. Este proceso es crucial para garantizar que el próximo fiscal general pueda abordar los desafíos pendientes y fortalecer la justicia y la imparcialidad en el país.
La elección del próximo fiscal general es una oportunidad para reflexionar sobre los avances y los retos que aún enfrenta el sistema judicial en Colombia. Es esencial que el nuevo fiscal general aborde los problemas estructurales, fortalezca la lucha contra la corrupción y garantice la justicia para todos los ciudadanos, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia y la impunidad. La comunidad espera que la Corte Suprema tome una decisión informada y oportuna que contribuya a la consolidación de un sistema judicial más eficiente y justo para Colombia.
