En Riohacha, una ciudad que alberga a más de 10.000 habitantes en la Comuna 10, se ha desatado un escándalo que involucra a dos exalcaldes, Ramiro Bermúdez Cotes (2020 – 2023) y Juan Carlos Suaza (2018 -2019), quienes han sido llamados a juicio por la Procuraduría debido a presuntas irregularidades en un proyecto de infraestructura crítico. Este proyecto, destinado a llevar alcantarillado y pavimento flexible a la comunidad, ha sido calificado por el Ministerio Público como gravemente afectado por deficiencias técnicas en los estudios y diseños, lo que ha generado un retraso de seis años en su ejecución.
Desde su inicio en diciembre de 2017, el proyecto ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo cuatro adiciones en tiempo y una suspensión preventiva de giros por parte del Departamento Nacional de Planeación. A la fecha, el avance físico reportado es de apenas un 53.23%, un reflejo de las dificultades que han plagado esta iniciativa desde sus etapas iniciales. Además, se han identificado varias actividades no aprobadas en el proyecto original, tales como la reparación de conexiones domiciliarias de acueducto y gas natural, obras de drenaje, y problemas en la expropiación o compra de varios predios necesarios para la instalación de las redes. Estas adiciones han resultado en sobrecostos significativos y demoras adicionales.
La Procuraduría ha señalado que existen suficientes pruebas que indican la presencia de posibles conductas irregulares por parte de los exalcaldes, constitutivas de faltas disciplinarias y presunta responsabilidad en la comisión de los comportamientos denunciados. Los cargos formulados están relacionados con la posible omisión de funciones, específicamente en lo que respecta a no haber adelantado los trámites necesarios para la expropiación o compra de predios y la adición de recursos para la interventoría, elementos cruciales para garantizar la culminación de las obras.
Además, en mayo de 2023, la Procuraduría abrió una investigación y suspendió por tres meses a José Ramiro Bermúdez Cotes, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la construcción y operación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado de la ciudad, adjudicada en marzo pasado. Este hecho se suma a una serie de advertencias realizadas desde finales del año pasado, las cuales, presuntamente, la administración habría ignorado. El ente de control ha solicitado al alcalde resolver una serie de dudas relacionadas con el área en que se prestará el servicio, la inversión y los bienes a intervenir en el proceso.
Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los proyectos de infraestructura en Colombia, especialmente en lo que respecta a la planificación, ejecución y supervisión. La situación en Riohacha es un claro ejemplo de cómo las deficiencias en la gestión de proyectos pueden tener un impacto directo en la vida de miles de ciudadanos, retrasando significativamente el acceso a servicios básicos esenciales como el alcantarillado y el pavimento. La comunidad espera ansiosamente una resolución a estos problemas, que no solo afectan su calidad de vida diaria, sino que también reflejan problemas más amplios de gobernanza y administración pública en la región.
