La evacuación de cientos de migrantes sin hogar de París ha generado una ola de críticas y denuncias. Este fenómeno se ha intensificado en la antesala de los Juegos Olímpicos de 2024, que tendrán lugar en la capital francesa. La Villa Olímpica se ubicará en Seine-Saint-Denis, un suburbio a unos 50 minutos en automóvil desde París. Este lugar, conocido por ser uno de los más pobres cercanos a la capital, se ha convertido en el epicentro de un escándalo que involucra al Gobierno francés y su presunta “limpieza social”.
Las denuncias sobre este plan comenzaron hace varios meses, aunque se cree que la iniciativa se puso en marcha desde 2023. En marzo, organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo alertaron sobre un plan para transportar en autobús a inmigrantes sin hogar desde París y sus alrededores hacia las afueras de otras ciudades. La promesa era que allí encontrarían refugio y alimentación. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la verdadera razón detrás de estos traslados es presentar un “París sin mendigos en las calles” antes de las Olimpiadas.
Serge Grouard, alcalde de Orleans, declaró a France 24 que desde mayo de 2023 llegan autobuses regulares, uno cada tres semanas aproximadamente, desde París a Orleans. Cada autobús transporta entre 30 y 50 personas. Una mujer sintecho entrevistada por Euronews mencionó que le aconsejaron cambiar de región debido a la masificación provocada por los Juegos Olímpicos. Sin embargo, los observadores de organizaciones sociales no han visto mejoras en el sistema de atención para estas personas.
Paul Alauzy, coordinador de Médicos del Mundo, expresó a France 24 que si la idea es simplemente ocultar la miseria y las personas sin hogar en toda Francia sin dar más recursos a las autoridades locales, esto no funciona a nivel humanitario. Las autoridades francesas han sostenido que los traslados en autobús no tienen relación con las Olimpiadas. No obstante, el escándalo ha resurgido tras una publicación de The New York Times. En esta investigación, un funcionario de Vivienda admitió que el objetivo del programa es identificar a las personas que se encuentren en la calle en lugares cercanos a las sedes olímpicas y moverlas antes de los Juegos Olímpicos.
Yussuf Ahmed, un inmigrante de Sudán, declaró al Times que les prometieron vivienda y ayuda social. Según el medio estadounidense, los inmigrantes eran abordados con la idea de participar en un programa “voluntario” destinado a aliviar la escasez de vivienda en París. Sin embargo, los migrantes afectados dicen que fueron presionados y rodeados por las autoridades para subirse a los autobuses. Una vez que llegan a su nuevo asentamiento, el cual carece de asistentes sociales y de condiciones dignas, son evaluados para someterse a un programa de solicitud de asilo. Aquellos que no cumplan con los requisitos serían deportados. Los migrantes afirman que no fueron informados sobre esto, según abogados defensores de estas personas.
Emmanuel Pereira, un abogado que trabaja cerca de París, afirmó en The New York Times que esto es una antesala a la deportación. La situación ha generado un debate sobre la ética y la legalidad de estas acciones. Por un lado, las autoridades argumentan que están tratando de gestionar la crisis de vivienda y mejorar la imagen de la ciudad antes de un evento de gran envergadura. Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos y los propios migrantes denuncian que se trata de una medida inhumana y coercitiva.
La situación en Seine-Saint-Denis es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas ciudades que albergan eventos internacionales. La presión por presentar una imagen impecable a menudo lleva a medidas drásticas que afectan a las poblaciones más vulnerables. En este caso, los migrantes sin hogar se encuentran en el centro de una controversia que pone en tela de juicio las prioridades y valores del Gobierno francés.
La narrativa de los Juegos Olímpicos como un evento que une a las naciones y celebra el espíritu humano contrasta fuertemente con la realidad de los migrantes desplazados. La promesa de refugio y ayuda social se ha convertido en una pesadilla para muchos, quienes ahora enfrentan la incertidumbre de su futuro. La falta de transparencia y la coerción denunciada por los migrantes y sus defensores legales subrayan la necesidad de una revisión exhaustiva de estas políticas.
