Los incendios forestales que asolan España en este verano de 2025 han dejado ya dos víctimas mortales y miles de hectáreas calcinadas en diferentes regiones del país.
El catedrático de Ingeniería forestal de la Universidad de Lleida, Víctor Resco, señala que el principal obstáculo no es económico ni técnico, sino político. “La extinción sale más cara que la prevención”, afirma categóricamente.
Las administraciones públicas continúan sin implementar medidas efectivas de prevención, a pesar de las advertencias de los expertos. Esta situación se agrava por la falta de inversión en gestión forestal y el abandono rural.
Los espacios naturales protegidos presentan una paradoja preocupante en términos de riesgo de incendios. Según estudios científicos, quienes viven cerca de estas áreas tienen nueve veces más probabilidades de verse afectados por el fuego.
La intensidad de los incendios en zonas protegidas puede ser hasta un 20% mayor debido a la abundante vegetación y la continuidad del paisaje. Esta situación se ha evidenciado en casos recientes como el incendio de Tres Cantos en Madrid o en Las Médulas del Bierzo.
La legislación actual, inspirada en contextos europeos, no se adapta adecuadamente a las necesidades específicas de España. Resco enfatiza la importancia de impulsar la bioeconomía y fortalecer el desarrollo rural con normativas más acordes a la realidad local.
Las cifras son alarmantes: desde enero hasta agosto de 2025 ya se han quemado 39.155 hectáreas. Los grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas, ya suman 14 casos, superando la media del último decenio que se sitúa en 13.
La situación meteorológica actual, con una segunda ola de calor, está complicando las labores de extinción. Las temperaturas superan los 35 grados en gran parte del territorio, alcanzando los 40 grados en algunas regiones.
Castilla y León, Galicia y Madrid han sido las comunidades más afectadas en los últimos días. Miles de personas han sido evacuadas de sus hogares, sin certeza sobre cuándo podrán regresar o qué encontrarán a su vuelta.
La Junta de Castilla y León ha extendido la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales hasta el 18 de agosto. Esta medida refleja la gravedad de la situación y la necesidad de mantener la máxima precaución.
Los datos históricos muestran una tendencia preocupante. En 2024 se quemaron 35.603 hectáreas, menos que en 2023 con 71.296, pero la amenaza de repetir el catastrófico escenario de 2022, cuando ardieron 200.815 hectáreas, sigue latente.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene las alertas por altas temperaturas en diversas regiones. Esta combinación de calor extremo y viento aumenta significativamente el riesgo de nuevos incendios y complica la extinción de los existentes.
Los expertos insisten en la necesidad de un cambio de paradigma en la gestión forestal. La prevención, el mantenimiento adecuado de los bosques y el apoyo al desarrollo rural son elementos clave para mitigar el impacto de los incendios forestales.