En el corazón de la política colombiana, un nuevo escándalo de corrupción sacude los cimientos de la confianza pública. Esta vez, el foco se centra en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad clave en la prevención y manejo de emergencias en el país. Las acusaciones no son menores: se habla de un entramado de corrupción que involucra sumas millonarias y, lo que es más alarmante, apunta directamente a figuras de alto perfil dentro del gobierno.
La consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, se encuentra en el ojo del huracán, tras las declaraciones de un testigo que la vinculan con el escándalo. Según este testimonio, Ortiz estaría presuntamente implicada en maniobras corruptas dentro de la UNGRD, una situación que ha llevado a voces dentro del mismo Ejecutivo a pedir su renuncia. Entre ellas, destaca la del director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien ha sido enfático en su posición: Ortiz debería apartarse del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.
La gravedad de las acusaciones radica en la presunta entrega de 3.000 millones de pesos, parte de los fondos desviados en la UNGRD, a Iván Name, presidente del Senado. Esta afirmación proviene de Sneyder Pinilla, exfuncionario de la UNGRD, quien ha decidido colaborar con la Fiscalía, revelando información sobre los posibles involucrados en el escándalo. Además de Ortiz y Name, se menciona a André Calle, presidente de la Cámara, entre otros personajes que han negado categóricamente su participación en estos hechos.
La situación es especialmente delicada, considerando que estas acusaciones surgen en un momento en que el gobierno de Gustavo Petro se esfuerza por proyectar una imagen de transparencia y lucha contra la corrupción. “Unos pocos no pueden seguir manchando un Gobierno que nos ha dado la instrucción de cuidar los recursos con máxima transparencia”, señaló Bolívar, reflejando la preocupación por el impacto que este escándalo podría tener en la percepción pública del Ejecutivo.
La respuesta de Ortiz ante estas acusaciones aún está por verse, así como las conclusiones de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Lo cierto es que este escándalo pone de manifiesto la necesidad imperante de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia dentro de las entidades gubernamentales, para prevenir que situaciones de corrupción socaven la confianza en las instituciones y entorpezcan el camino hacia un país más justo y equitativo.
En este contexto, la sociedad colombiana se encuentra expectante, esperando que la justicia actúe de manera rápida y eficaz. La transparencia y la rendición de cuentas no son solo exigencias legales, sino imperativos morales que deben guiar la conducta de todos los funcionarios públicos. La lucha contra la corrupción es una tarea de nunca acabar, pero es fundamental para asegurar el desarrollo y bienestar de la nación. El caso de la UNGRD es una prueba de fuego para el gobierno de Petro, que debe demostrar su compromiso inquebrantable con la integridad y la justicia.
