Este martes, 28 de mayo, el sistema de salud colombiano se vio sacudido por un anuncio significativo. EPS Sura, una de las entidades prestadoras de salud más grandes del país, con 5 millones 547 mil afiliados, solicitó a la Superintendencia de Salud su desmonte definitivo. Esta decisión ha generado un gran revuelo y preocupación entre los usuarios y actores del sistema de salud.
Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, explicó en una rueda de prensa que la compañía ha buscado diversas alternativas para mantener su rol en el sistema de salud. Sin embargo, el tiempo se agotó y se deben tomar medidas para evitar un mayor deterioro. Llano señaló que el sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica, una problemática que supera a la compañía. A pesar de los esfuerzos por seguir prestando los servicios y analizar las reformas propuestas por el Gobierno, las soluciones no han resuelto los problemas estructurales del sistema.
El programa de desmonte progresivo es una figura jurídica que permite el retiro ordenado y diligente del sistema de salud. La solicitud de Sura consiste en realizar una transición organizada y planificada de sus afiliados, garantizando la entrega completa de la información clínica y favoreciendo la continuidad del tratamiento. Llano fue enfática en aclarar que realizarán una transición coordinada que favorezca la continuidad de tratamientos y seguirán cuidando de los pacientes. Los procedimientos y atenciones se seguirán prestando de forma habitual y los canales de atención seguirán habilitados.
Ana María Vesga, cabeza de Acemi, la asociación que reúne las EPS del régimen contributivo, afirmó que la medida de Sura era previsible. A pesar de ser una EPS eficiente y bien administrada, no ha logrado corregir lo que ha venido sucediendo después de la pandemia del covid-19, en términos de gasto y de desequilibrio financiero. Sura EPS fue una de las primeras en acercarse al Gobierno y manifestar su intención de convertirse en gestora, tal y como lo proponía la reforma a la salud. Sin embargo, para que eso sucediera se necesitaba un cambio en la ley, algo que finalmente no ocurrió. Sura ya estaba en aprietos, no cumplía con los indicadores de patrimonio ni de capital mínimo, sino solo de reservas técnicas. Con una UPC insuficiente, la situación era insostenible. Además, el Gobierno les debe dinero de presupuestos máximos.
Una alta ejecutiva del sector expresó su tristeza por la situación, destacando que Sura era una de esas EPS que se caracterizaba por cuidar a sus usuarios y ser impecable en sus pagos. La salida de Sura del sistema de salud es un golpe duro para muchos.
Por el momento, Sura presentó su propuesta ante la Superintendencia de Salud, que tendrá un plazo de 65 días hábiles para estudiarla y decidir si la acepta o no. Después de ese lapso, si la Supersalud la aprueba, acordarán entre ambos actores cómo será ese desmonte progresivo y empezarán el plan de ejecución. Llano dijo que no están cerradas las puertas a una propuesta diferente que provenga de la Supersalud y recalcó que seguirán prestando servicios de salud.
Las cifras de EPS Sura son reveladoras. Su índice de siniestralidad respecto a la UPC era del 102%, es decir, que gastaba 102 pesos de cada 100 que recibía para garantizar los servicios de salud de sus afiliados. Entre las razones para explicar esos números, Sura señalaba dificultades en cómo se estaba ajustando anualmente los aumentos de la UPC y, por ende, en su insuficiencia. Con corte al 31 de diciembre de 2023, Sura era de las pocas aseguradoras que cumplía con el indicador de Inversión de las Reservas Técnicas, que ha sido uno de los parámetros de incumplimiento que ha usado el Gobierno para dictar medidas de intervención contra EPS como Sanitas. Sura, según sus indicadores, lo cumplía permanentemente desde 2021.
Entrando al detalle, la EPS decía que cumplía al 104% con las reservas técnicas, con corte a enero de 2024. La EPS también cumplió, durante 2021 y 2022, con otros indicadores de habilitación financiera como patrimonio adecuado y patrimonio técnico, pero dejó de cumplirlos con corte a septiembre de 2023. En la comunicación que Sura le enviaba a los congresistas, señalaba que ese incumplimiento era el resultado de las pérdidas acumuladas que han consumido el patrimonio de la compañía y cuya situación se ha expuesto en diferentes espacios y comunicaciones al Ministerio de Salud.
De hecho, la EPS contaba que había visto mermar su patrimonio, pasando de $391,707 millones en diciembre de 2021, a $4,200 millones en diciembre de 2023. Esta drástica reducción en su patrimonio refleja la gravedad de la situación financiera de la entidad.
La salida de EPS Sura del sistema de salud plantea múltiples desafíos y preguntas sobre el futuro de sus afiliados y del sistema en general. La Superintendencia de Salud tiene ahora la responsabilidad de evaluar la propuesta de desmonte y tomar una decisión que garantice la continuidad y calidad de los servicios de salud para los millones de afiliados de Sura. La situación también pone de relieve la necesidad urgente de abordar los problemas estructurales y financieros del sistema de salud colombiano para evitar que otras EPS enfrenten situaciones similares en el futuro.
