La elección del nuevo procurador o procuradora general de la Nación está envuelta en las mismas trampas políticas de siempre. La Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República están a punto de elegir candidatos para completar la terna que ya inició el Consejo de Estado. Sin embargo, en el Senado, algunos ven esta elección como una oportunidad para obtener réditos políticos. Si las consideraciones de los nominadores se reducen a quién tiene más opción de ser elegido por un Senado seducido por el clientelismo, cometeremos un grave error. Tendremos un procurador, otro más, enamorado de la política, cercano a los partidos y sus dinámicas amiguistas, y lejos de las necesidades del país.
La Procuraduría General de la Nación es una entidad gigantesca que viene en franca degradación. Basta con revisar el desempeño de los tres últimos procuradores para entender la raíz del problema. Alejandro Ordóñez utilizó su poder, reelegido por el Senado con aplausos de por medio, para perseguir opositores y enterrar la legitimidad de una entidad que se suponía pieza clave de la democracia. Por su culpa y su intransigencia, Colombia enfrenta una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, hasta hoy, no ha sido reparada. Después, Fernando Carrillo, quien prometió darle un curso distinto, se dejó seducir por la mala práctica de los directores de esta entidad que la ven como una oportunidad de trampolín político y de acaparar titulares. Finalmente, Margarita Cabello, ternada y elegida por su cercanía con el presidente Iván Duque, ha hecho una gestión cuestionable y también ha dejado serias preguntas sobre la imparcialidad de la entidad. El resultado es que gastamos billones de pesos en una burocracia paquidérmica que, a menudo, interviene inadecuadamente en procesos democráticos. Eso es inaceptable.
El peor legado de la procuradora Cabello y del expresidente Duque es la reforma que impulsaron. Supuestamente creada para responder a la condena de la Corte IDH, hizo todo lo contrario. No solo no solucionó el conflicto de competencias judiciales que señaló el tribunal internacional, sino que aprovechó para expandir la planta de trabajadores del Ministerio Público, abriendo una oportunidad para la corrupción. Los resultados, unos años después, son evidentes: seguimos con un choque de trenes entre los tribunales, con demandas en curso contra el Estado en la Corte IDH, y con un rol deslegitimado de la procuradora.
Existe la esperanza de que el próximo procurador entienda que su labor es liderar una reforma del Ministerio Público o incluso impulsar su desaparición. Eso no lo hará alguien cercano a la política tradicional ni un amigo del Congreso. ¿Cuándo se ha visto que los congresistas celebran una oportunidad para que haya menos puestos en el Estado para repartir? Si no hay idoneidad en los criterios de nominación y un claro compromiso por respetar la sentencia de la Corte IDH, seguiremos en el desastre institucional que se ha venido cocinando durante más de una década.
La Procuraduría General de la Nación ha demostrado ser un cargo propenso al abuso de poder sin mayor control. La democracia está en juego. La elección del nuevo procurador debe ser un proceso transparente y basado en méritos, no en intereses políticos. La historia reciente nos muestra que la politización de este cargo ha llevado a una degradación institucional que afecta a todo el país. Es crucial que los nominadores y el Senado entiendan la importancia de elegir a alguien que realmente esté comprometido con la justicia y la democracia, y no con sus propios intereses o los de sus aliados políticos.
La situación actual de la Procuraduría es insostenible. La entidad necesita una reforma profunda que la aleje de las prácticas clientelistas y la acerque a su verdadero propósito: ser un órgano de control independiente y eficaz. La elección del nuevo procurador es una oportunidad para iniciar este cambio, pero solo si se elige a la persona adecuada. De lo contrario, seguiremos en el mismo ciclo de corrupción y abuso de poder que ha caracterizado a la Procuraduría en los últimos años.
La Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República tienen una responsabilidad enorme en este proceso. Deben asegurarse de que los candidatos que elijan sean personas con un historial intachable y un compromiso claro con la justicia y la democracia. No pueden permitirse caer en las mismas trampas políticas de siempre. La elección del nuevo procurador es una oportunidad para demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente, que es posible poner los intereses del país por encima de los intereses personales y políticos.
El Senado también tiene un papel crucial en este proceso. Los senadores deben recordar que su responsabilidad es con el país, no con sus propios intereses o los de sus partidos. Deben evaluar a los candidatos de manera objetiva y elegir a la persona que mejor pueda cumplir con las responsabilidades del cargo. No pueden permitirse elegir a alguien que vea la Procuraduría como un trampolín político o una oportunidad para acaparar titulares.
La elección del nuevo procurador es un momento crucial para la democracia en Colombia. Es una oportunidad para corregir el rumbo y empezar a construir una Procuraduría que realmente sirva al país. Pero para que eso suceda, es necesario que todos los involucrados en el proceso actúen con responsabilidad y compromiso. La democracia está en juego, y no podemos permitirnos fallar.
