En la tarde del jueves 29 de febrero, un acontecimiento sacudió los cimientos de la política local en Tuluá, Valle del Cauca. El exalcalde John Jairo Gómez Aguirre, junto con tres funcionarios de su administración y un contratista, fueron detenidos en una operación que pone de manifiesto la compleja trama de corrupción que parece haberse tejido en el corazón de este municipio. La Fiscalía ha señalado que estos individuos enfrentarán cargos por delitos graves, incluyendo concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, entre otros. Este suceso no solo arroja luz sobre las prácticas corruptas que podrían estar ocurriendo dentro de la administración municipal, sino que también revela la presunta conexión entre el poder político y estructuras criminales, específicamente la banda de La Inmaculada.
John Jairo Gómez Aguirre, cuya carrera política incluye roles como director del Departamento Administrativo de Planeación, secretario de Tránsito y concejal, ascendió a la alcaldía de Tuluá en 2019. Su victoria, respaldada por el partido de La U junto con el apoyo de Colombia Renaciente y Mira, marcó el inicio de una administración que ahora se encuentra bajo escrutinio. Las acusaciones contra Gómez Aguirre y su equipo no son menores; se les imputa haber facilitado, a través de sus posiciones de poder, la influencia y operaciones de La Inmaculada dentro de la administración municipal.
El actual alcalde, Gustavo Vélez, ha sido vocal en sus denuncias sobre los presuntos vínculos entre su predecesor y la mencionada banda delincuencial. Según Vélez, durante el mandato de Gómez Aguirre, La Inmaculada habría ejercido control sobre secretarías clave como la de Movilidad y Hacienda. Esta influencia no solo comprometió la integridad de la administración municipal, sino que también permitió a la organización criminal extorsionar a transportadores y comerciantes, exacerbando la inseguridad y el miedo entre los ciudadanos de Tuluá.
La situación de tensión en el municipio alcanzó un punto crítico con la captura de Mauricio Marín Silva, identificado como uno de los cabecillas de La Inmaculada. Este evento desencadenó una serie de acciones violentas, incluyendo la quema de vehículos y atentados contra agentes de tránsito, lo que llevó al alcalde Vélez a solicitar la militarización de la zona. Estos actos de violencia son un claro indicativo de la capacidad de La Inmaculada para desestabilizar el orden público y desafiar a las autoridades locales.
La captura de Gómez Aguirre y sus colaboradores es un paso crucial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Tuluá. Sin embargo, este caso también subraya la necesidad de una vigilancia constante y de reformas profundas dentro de las estructuras políticas y administrativas para prevenir la infiltración de grupos delictivos. La colaboración entre las autoridades locales, la Fiscalía y la ciudadanía es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar un futuro más seguro y próspero para Tuluá. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado requiere de un compromiso inquebrantable con la justicia y la transparencia, valores que deben guiar a todos aquellos que tienen el honor de servir a su comunidad.
