En un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, se desmanteló una red de confección de material camuflado exclusivo de las fuerzas armadas. Este material estaba siendo fabricado para Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor). Las fábricas intervenidas estaban ubicadas en Bogotá y Flandes, Tolima. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 500 metros de cordón detonante, 30 cartuchos 5.56, 90 cartuchos 7.65, 410 uniformes camuflados, camisas, sudaderas, chalecos, gorras y material de campaña. Además, siete personas fueron capturadas, incluyendo a Johan Steven Banguero Flórez, presunto cabecilla de la red.
Las investigaciones, que comenzaron en 2023, revelaron que los establecimientos de santería en Bogotá estaban conectados con organizaciones al margen de la ley. Estas organizaciones se abastecían de material camuflado a través de la red de confección liderada por Banguero Flórez. Después de recopilar toda la información y estructurar el marco probatorio, el CTI y el Ejército procedieron a ejecutar el operativo.
El operativo no solo resultó en la incautación de material bélico y camuflado, sino también en la captura de Banguero Flórez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, y utilización ilegal de insignias y uniformes. Este hecho subraya la gravedad de la situación y la efectividad de las labores de inteligencia y coordinación entre las autoridades.
Un dato curioso que surgió durante la investigación es que una de las empresas allanadas habría proporcionado las prendas utilizadas durante el sepelio de Leider Johany Noscue, alias Mayinbú. Mayinbú era un cabecilla de las disidencias de las Farc que operan en el suroccidente del país. Este detalle añade una capa adicional de complejidad al caso, mostrando cómo estas redes ilegales se infiltran en diversos aspectos de la vida social y política.
La incautación de 500 metros de cordón detonante y municiones de diferentes calibres pone en evidencia el nivel de preparación y capacidad operativa de estos grupos delincuenciales. El material incautado podría haber sido utilizado en múltiples actos delictivos, poniendo en riesgo la seguridad de la población y de las fuerzas armadas. La intervención oportuna de las autoridades evitó potenciales tragedias y desarticuló una red que representaba una amenaza significativa.
La captura de Banguero Flórez y su aceptación de responsabilidad en los delitos imputados es un paso importante en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, este caso también plantea preguntas sobre la capacidad de las fuerzas armadas y de seguridad para controlar y monitorear el uso de material exclusivo. La existencia de una red tan bien organizada sugiere que hay brechas en los sistemas de control y vigilancia que deben ser abordadas.
Además, la conexión entre los establecimientos de santería y las organizaciones al margen de la ley revela la sofisticación de estas redes criminales. Utilizan fachadas legales para ocultar sus actividades ilícitas, lo que dificulta su detección y desmantelamiento. Este caso subraya la necesidad de una mayor cooperación entre diferentes agencias y sectores de la sociedad para combatir el crimen organizado de manera efectiva.
El operativo también destaca la importancia de las labores de inteligencia y la coordinación entre diferentes entidades. Sin la información recopilada y el trabajo conjunto del CTI y el Ejército Nacional, desmantelar esta red habría sido mucho más difícil. Este éxito operativo debe servir como un modelo para futuras acciones contra el crimen organizado.
