En el panorama político colombiano, la figura del presidente Gustavo Petro ha sido sinónimo de promesas de cambio y esperanza, así como de un compromiso inquebrantable con la lucha contra la corrupción. Desde su ascenso al poder, el mandatario izquierdista ha enfrentado desafíos significativos, y a un año y medio de su gestión, su administración se ha visto salpicada por varios escándalos que han puesto a prueba la confianza de la ciudadanía.
Uno de los casos más graves y que aún se encuentra bajo investigación, es el que implica a su propio hijo en acusaciones de lavado de activos y presuntos flujos financieros ilícitos provenientes de narcotraficantes y contrabandistas, destinados a la campaña electoral. Este escándalo ha generado un intenso debate público y ha puesto en entredicho la integridad de su gobierno.
Por otro lado, un escándalo más reciente ha surgido desde el núcleo mismo de su hogar, protagonizado por su esposa y primera dama del país, Verónica Alcocer. La denuncia, realizada por el medio “La silla vacía”, señala que Alcocer, de 46 años, realiza viajes tanto nacionales como internacionales acompañada de una comitiva de lujo que ha generado gastos de hasta US$250.000. Este séquito incluye un maquillador personal, una vestuarista, un fotógrafo y su mejor amiga, quien también funge como asesora personal, con salarios que oscilan entre los 10 y 30 millones de pesos (US$2.500 y US$7.500), cifras que superan incluso el sueldo de un ministro en Colombia.
La defensa de la Presidencia de Colombia se centra en que estas personas han sido contratadas por entidades del Estado y que su labor es brindar apoyo a la primera dama en sus actividades. No obstante, el reportaje periodístico sugiere que su labor se ha enfocado principalmente en acompañar a Alcocer en sus viajes, percibiendo viáticos adicionales, lo que incluye eventos de alto perfil como el funeral de la reina Isabel II y una visita al papa Francisco en el Vaticano.
El núcleo del escándalo no radica únicamente en la existencia de un equipo dedicado a la imagen de la primera dama, sino en el uso de fondos públicos para fines que, según críticos, deberían orientarse a las responsabilidades sociales y protocolarias de su posición. Aunque la primera dama no es una funcionaria pública por ley, su rol social y su influencia en tareas de asistencia social son innegables.
Verónica Alcocer, conocida por su perfil activo y visible, ha sido objeto de críticas por su influencia en nombramientos de autoridades, incluyendo a amistades cercanas como Concepción Baracaldo, propuesta para dirigir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, se le atribuye haber eclipsado a figuras políticas como la vicepresidenta Francia Márquez.
Este conjunto de situaciones ha generado una percepción de contradicción en un gobierno que se comprometió a combatir la pobreza y a trabajar por la reconciliación nacional. La contratación de un coreógrafo para mejorar el ambiente laboral en la Casa de Nariño, que terminó proporcionando masajes a la primera dama en Cartagena, es un ejemplo de las decisiones que han suscitado cuestionamientos sobre la coherencia y la ética de la administración Petro.
La narrativa de estos hechos, detallada y analizada por la periodista Gisella López Lenci, refleja la complejidad y las múltiples aristas de los desafíos que enfrenta la actual administración colombiana. La transparencia, la gestión de los recursos públicos y la coherencia entre el discurso y la práctica son aspectos fundamentales que la opinión pública sigue con lupa, esperando respuestas y acciones concretas que alineen las promesas de cambio con la realidad política y social del país.
