El balance presentado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, ha puesto de manifiesto serias deficiencias en la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. A ocho años de su firma, los avances han sido limitados, y los problemas en la asignación de tierras, sostenibilidad de proyectos y ejecución de recursos son evidentes. El Mecanismo de Obras por Impuestos y el Fondo Colombia en Paz, dos de los principales instrumentos para la transformación de las zonas rurales, concentran irregularidades que comprometen su efectividad.
Desde 2017 hasta marzo de 2024, se han ejecutado $88,5 billones, lo que representa solo el 45 % de los recursos proyectados para un periodo de 15 años, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Durante el Foro “Así Va la Paz”, el contralor Rodríguez destacó que el Estado no ha logrado cambios estructurales significativos, especialmente en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La falta de articulación en la gestión de recursos y problemas en la calidad del gasto son los principales desafíos que enfrenta el país.
El Fondo Colombia en Paz, creado como el principal instrumento financiero para implementar el Acuerdo, opera como un patrimonio autónomo con el 95 % de sus recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, no ha integrado otras fuentes públicas ni ha logrado cumplir con la agilidad que se planteó inicialmente. Entre 2019 y 2023, la Contraloría identificó en este fondo 37 hallazgos administrativos, 14 con incidencia fiscal por $20.315 millones, 2 con presunto carácter penal y 29 con posible connotación disciplinaria.
Por otro lado, aunque se ha incrementado el ritmo de asignaciones desde 2021, persisten deficiencias en la ejecución, afectando especialmente al Punto 1 del Acuerdo, que busca una Reforma Rural Integral. De los tres millones de hectáreas prometidas a campesinos, apenas se han entregado 18.201, lo que equivale a un escaso 2,1 %. Esta situación refleja una brecha significativa entre las promesas y la realidad en el campo colombiano.
El jefe de la entidad de control subrayó la necesidad de mejorar la calidad del gasto y garantizar un acceso equitativo a los recursos, especialmente en territorios históricamente rezagados. Programas como el OCAD Paz y el Mecanismo de Obras por Impuestos deben fortalecerse para evitar favoritismos y asegurar un impacto real en las comunidades. Entre 2018 y 2024, la Contraloría ha auditado más de 600 proyectos asociados al Acuerdo, detectando hallazgos fiscales por $522.268 millones y posibles detrimentos patrimoniales.
En el ámbito de la reincorporación, de los 128 proyectos productivos colectivos aprobados, la mayoría dejó de operar debido a problemas de seguridad y financiación. En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, a pesar de destinar $7,1 billones, el aumento de cultivos ilícitos evidencia que los recursos han sido insuficientes. La implementación del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ha avanzado, pero se requieren $303,9 billones hasta 2031 para cumplir con las medidas restantes.
Las auditorías financieras, de cumplimiento, de desempeño y actuaciones especiales de fiscalización han arrojado resultados preocupantes. En el Acuerdo de Paz, se detectaron 511 hallazgos administrativos, 102 con incidencia fiscal, con un detrimento de $141.000 millones, 262 con connotación disciplinaria, 10 con presunta incidencia penal y 16 casos remitidos para indagaciones preliminares. En la Política de Víctimas (2023-2024), se identificaron 183 hallazgos administrativos, 37 con incidencia fiscal, con un posible detrimento patrimonial de $27.767 millones, 133 con connotación disciplinaria y 4 con presunta incidencia penal.
Adicionalmente, hay 57 procesos de responsabilidad fiscal en curso relacionados con entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), que involucran un valor total de $43.681 millones. Según la Contraloría, el Presupuesto General de la Nación ha sido la principal fuente de financiación, representando el 60 % de los recursos asignados al Acuerdo. Sin embargo, problemas de planificación y baja coherencia con los objetivos del pacto han limitado su impacto.
El informe de la Contraloría al Congreso revela que, entre 2012 y 2023, se ejecutaron $218,5 billones a precios constantes de 2024 para atender a las víctimas del conflicto armado. Para 2024, se asignaron $21 billones adicionales, pero el cálculo para cumplir las medidas pendientes hasta 2031 asciende a $303,9 billones constantes de 2024.
En cuanto al Mecanismo de Obras por Impuestos, una herramienta clave para el desarrollo de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), se aprobaron 361 proyectos por $2,5 billones hasta junio de 2024. Sin embargo, el 85 % de estos recursos se concentran en solo 12 proyectos, lo que significa que casi $9 de cada $10 se destinan a menos de 4 % de los proyectos, limitando su impacto en la distribución equitativa.
La situación actual exige una revisión profunda de las estrategias y mecanismos implementados. Es crucial que el gobierno y las entidades responsables trabajen en conjunto para superar los obstáculos identificados. La paz y el desarrollo rural en Colombia dependen de una gestión eficiente y transparente de los recursos. La comunidad internacional y la sociedad civil también tienen un papel importante en la vigilancia y apoyo a estos procesos. Solo así se podrá avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos los colombianos.
